Madrid, 20 jun (EFE).- La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales penas de entre tres y trece años de prisión para seis acusados de participar en un entramado societario con el que supuestamente cometieron un fraude de IVA millonario, por lo que serán juzgados el martes en la Audiencia Provincial de Madrid.
El Ministerio Público solicita la pena más alta, trece años de cárcel, para la principal acusada, A.I.B.M., a la que en su escrito de acusación atribuye ser la creadora del entramado societario para "facilitar la defraudación del IVA mediante un fraude carrusel en operaciones intracomunitarias tanto para su sociedad Autotrade Business Cars como para la mercantil Danóvil".
Añade que actuó "de común acuerdo con sus administradores efectivos", los acusados José Ramón D.C. y C.P.M., el primero de ellos detenido en 2012 en una operación contra el clan del narcotráfico gallego liderado por David Pérez Lago, hijastro del histórico traficante de drogas Laureano Oubiña.
El fiscal explica que con el objetivo defraudatorio A.I.B.M. creó ocho empresas que actuaban como "truchas" como se denomina a las sociedades instrumentales ficticias que introducen vehículos procedentes de la Unión Europea que después venden en España "a través de sociedades distribuidoras sin el pago de los correspondientes impuestos".
Según el escrito de la Fiscalía A.I.B.M. puso al frente de estas sociedades a, entre otros, los acusados M.V.S., M.C.O. y J.L.S.G., "que obedecían fielmente sus indicaciones y de común acuerdo con ella gestionaban de hecho las entidades referidas aparentando una actividad real".
Agrega que la acusada colocó al frente de otras empresas utilizadas como "truchas" a otros dos implicados ya fallecidos.
Según la Fiscalía, las distribuidoras que se aprovecharon de este fraude fueron Autotrade Business con domicilio en Majadahonda (Madrid), administrada por A.I.B.M., y Danóvil, domiciliada en Santiago de Compostela y administrada por José Ramón D.C. y C.P.L.M..
En ambos casos se dedujeron un IVA soportado falso correspondiente a la aparente entrega de vehículos procedentes de la sociedades instrumentales durante los ejercicios de 2003 a 2005.
En concreto se dedujeron un IVA soportado que no correspondía con la realidad de aprovisionamientos de las sociedades instrumentales.
Además de las penas de prisión la Fiscalía pide que los acusados indemnicen a Hacienda por las cantidades defraudadas en algo más de tres millones de euros. EFE
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