Madrid, 19 jun (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto a las comunidades autónomas el reparto de 783 millones de euros para la financiación de la dependencia, atendiendo a criterios como el número de personas atendidas, la agilidad administrativa o la mejora del empleo del sector.
Durante la reunión del Consejo Territorial de Derechos Sociales, el ministerio que preside Pablo Bustinduy ha presentado a los consejeros autonómicos la propuesta del reparto territorial del llamado 'nivel acordado de protección', financiación estatal del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
En 2025, este nivel acordado de financiación supondrá una inversión de 783.197.420 euros por parte del Gobierno, la más alta hasta el momento, después de que el nivel acordado se eliminara en 2012 y no se recuperara hasta 2021, cuando se dotó con 283 millones de euros y empezó una senda de crecimiento hasta llegar a casi triplicar esta cantidad actualmente.
Este reparto se realiza siguiendo los criterios técnicos y demográficos que fueron fijados en el Plan de Choque y acordados por los gobiernos autonómicos en enero de 2021.
Así, se tienen en cuenta indicadores que miden los esfuerzos realizados por cada ejecutivo regional para mejorar la calidad de los servicios de la Dependencia, por ejemplo la evolución de la población potencialmente dependiente, la superficie territorial, la dispersión poblacional o la insularidad.
También se mide la gestión de cada gobierno autonómico, siguiendo el número de personas atendidas, la agilidad administrativa, la inversión autonómica y la mejora del empleo del sector, entre otros.
Además, incluye un fondo condicionado a las inversiones que realicen los gobiernos autonómicos para alcanzar los criterios de acreditación y de calidad en los centros y servicios de la dependencia.
En total, la inversión del Gobierno en Dependencia se situó en 2024 en 3.478 millones.
El Consejo Territorial también ha abordado la distribución entre los gobiernos autonómicos de las subvenciones del 0,7 % para 2025, que proceden de lo recaudado por medio de la casilla que se marca para fines sociales durante la Declaración de la Renta.
Derechos Sociales explica que se ha alcanzado un preacuerdo sobre la propuesta del Ministerio, que se eleva al Consejo de Ministros para su autorización, sobre el reparto de 375 millones que es la cantidad que corresponde a las comunidades. Además destaca que la cuantía procedente del impuesto que pagan las empresas ha aumentado casi un 50 %.
Las subvenciones se destinan a entidades del Tercer Sector que trabajan en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y otras situaciones de especial vulnerabilidad, y suponen una vía esencial para financiar los programas que ponen en marcha estas organizaciones. EFE
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