Luciana Aversa
Ibiza, 28 may (EFE).- El Consell de Ibiza intenta poner coto a las chabolas y caravanas para que no se asienten en suelo rústico, los bosques y el litoral, mientras este tipo de poblados se multiplican en la periferia de la capital de la isla por el problema ya crónico de carestía de la vivienda.
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Este domingo entra en vigor el periodo de regulación de la Ley de Control de Afluencia de Vehículos, que obligará a las caravanas y autocaravanas que no sean de residentes a tener la misma autorización que el resto de vehículos foráneos para desembarcar en Ibiza, pero que también les exige tener una reserva en un camping para circular por las carreteras.
La regulación, aprobada por el Parlament balear el pasado noviembre, establece sanciones para las caravanas, autocaravanas y demás vehículos-vivienda que estacionen o pernocten en suelo rústico, con multas de 10.000 y 30.000 euros como infracción muy grave.
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Esta prohibición se extiende durante todo el año, mientras que la obligación de tener autorización y reserva de camping va del 1 de junio al 30 de septiembre, cuando termina el periodo de regulación de acceso de vehículos a la isla.
El conseller de Territorio, Mariano Juan, ha explicado a Efe que la ley busca frenar la saturación de vehículos pero también “evitar que los poblados proliferen en el suelo rústico” y que se generen “núcleos de población” de caravanas como ocurre en zonas de costa como Platges de Comte.
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Ha reconocido que esta ley traerá consecuencias en otras zonas de Ibiza, por el desplazamiento de las caravanas, pero ha defendido que el problema de la vivienda “no tiene que generar otro problema en sentido inverso”, en este caso medioambiental, en suelo rústico, en el litoral y en zonas protegidas. “No podemos pretender mirar hacia otro lado”, ha afirmado Juan.
Pero es en las áreas urbanas donde están proliferando los asentamientos y poblados chabolistas, sobre todo en la ciudad de Ibiza.
Los servicios sociales han contabilizado seis poblados de infraviviendas y caravanas donde viven unas 400 personas de diferentes perfiles.
El alcalde, Rafael Triguero, ha dicho que “en los últimos días se está multiplicando la población en los asentamientos”. Para “no normalizar” esta situación, el consistorio promueve un plan de intervención con otras instituciones y entidades que contempla “desalojos ordenados”.
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La temporada de controles y denuncias a los asentamientos por parte de la Policía Local ya comenzó a finales de abril. Les multan por estacionamiento prolongado o acampada ilegal, ambas prohibidas en la normativa municipal, o por otras infracciones, como la falta de seguro del vehículo.
Entre los controles realizados, la policía pasó por el aparcamiento de Es Gorg, donde interpuso hasta 22 denuncias. En esta zona pública actualmente hay unas 80 caravanas en las que viven trabajadores de distintas nacionalidades, tanto residentes como temporeros.
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Entre los moradores que aceptan hablar con Efe, reservando su identidad, los hay que han intentado encontrar un alquiler y no lo ha conseguido y otros que ni siquiera han buscado por los altos precios que se piden en la isla.
También están quienes han decidido directamente recurrir a una caravana, comprada o alquilada en Ibiza, porque les permite conservar la ganancia de la temporada.
Aunque saben por allí pasó la policía, dicen desconocer exactamente lo que ocurrió porque cuando llegaron los agentes estaban en sus puestos de trabajo. “Yo me voy de aquí a las nueve y no regreso hasta las doce de noche”, explica un joven, en la misma línea que al menos otras tres personas consultadas: están todo el día trabajando y solo van a la caravana para dormir.
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En casos como los de Es Gorg, según ha explicado Mariano Juan, no se aplica la nueva ley al ser suelo urbano, ni tampoco la exigencia de tener una reserva de camping, ya que este requisito es para circular por la isla y estas caravanas están paradas.
Esta aclaración fue la que tranquilizó a los caravanistas, muchos residentes, que el mes pasado protestaron hasta dos veces a las puertas del Consell de Ibiza porque pensaban que les obligarían a tener una reserva de camping para permanecer en la isla. EFE
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