Madrid, 27 may (EFE).- La Abogacía del Estado presentará una demanda contra la promoción comercial de la gestación subrogada, después de que el Instituto de las Mujeres le enviara un informe jurídico en el que denunciaba actuaciones de ocho agencias españolas para publicitar los vientres de alquiler.
Así lo ha avanzado este martes la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.
"Con este informe, la Abogacía del Estado va a iniciar las acciones legales pertinentes en representación del Instituto de las Mujeres, que en las próximas semanas será efectiva mediante la presentación de la correspondiente demanda", ha informado.
Hernández se refiere al informe jurídico que el Instituto de las Mujeres elevó a la Abogacía el pasado enero después de haber recibido un total de 334 quejas en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres sobre publicaciones en páginas webs y redes sociales que promocionan los "vientres de alquiler".
Esta promoción comercial está prohibida por ley, en concreto por la reforma de la ley de interrupción del embarazo de 2023, una norma que insta a las administraciones públicas legitimadas, en este caso el Instituto de las Mujeres, "a iniciar acciones judiciales dirigidas a la declaración de ilicitud y al cese de la publicidad que promueve prácticas comerciales para la gestación por sustitución".
"El informe incluye un análisis de las publicaciones realizadas por ocho agencias con sede social en España que pone de relieve los diferentes recursos comunicativos que estos negocios utilizan para atraer potenciales clientes, desde entrevistas en blogs que disfrazan la violencia que está práctica supone para la salud de las mujeres hasta la idealización de las denominadas 'madres gestantes'", detallaba Igualdad en un comunicado.
En apenas un mes, entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024, se recibieron más de 330 quejas.
Hernández ha asegurado que el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para erradicar la gestación subrogada, una práctica prohibida en España desde 2006 y considerada una forma de violencia contra las mujeres desde 2022. EFE
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