Madrid, 27 may (EFE).- La comisión mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes una petición del grupo popular para que se fiscalice la cesión al PNV del palacete de París que fue sede del Gobierno vasco en el exilio y que actualmente utiliza el Instituto Cervantes.
El Tribunal de Cuentas elaborará un informe de fiscalización especial para hacer una revisión detallada del proceso por el cual se devolvió al PNV un edificio situado en el número 11 de la Avenue Marceau, en París, después de que la iniciativa haya salido adelante con los votos de los populares, que junto a Vox, cuentan con mayoría en la comisión mixta integrada diputados y senadores.
El PP presentó esta solicitud en la que también se mencionan otros dos bienes ubicados en Francia, en las localidades de Noyon y Compans, por los cuales el PNV recibiría una compensación.
Los populares quieren que el Tribunal de Cuentas analice todo lo relacionado con la restitución: desde los criterios usados para calcular el valor de los bienes hasta los términos del acuerdo que permite al Instituto Cervantes seguir utilizando el palacete de París durante algunos años más, y, en especial, "la existencia de un menoscabo para los fondos públicos".
La diputada del PP Pilar Alía ha calificado este traspaso como un "regalo gratuito" al PNV de un inmueble valorado en más de 17 millones de euros y ha insinuado que el cobro de "una renta de mercado" abonada por el Cervantes para seguir usando el edificio hasta el 31 de diciembre de 2030 podría tratarse de un caso de financiación irregular.
"Un partido político no puede ser propietario de un inmueble propiedad del Estado, salvo que se haya vendido legalmente, y todo apunta a que no es el caso", ha sentenciado.
En esta misma línea, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha coincidido en que no se trata de una restitución sino de "apropiación" y de un "regalo político" a cambio de votos en el Congreso, hasta el punto de considerarlo un ejemplo de corrupción política.
Por su parte, la senadora del PNV María Dolores Etxano ha rebatido estos argumentos al remarcar que la solicitud no busca "ni transparencia ni rendición de cuentas" y que la única intención es instrumentalizar la labor del Tribunal de Cuentas.
Ha defendido que su formación es el legítimo propietario del inmueble de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática y ha criticado que el PP base su solicitud en "inexactitudes" y escaso "rigor histórico".
Por otro lado, la senadora de Geroa Bai Uxue Barkos también ha recordado que este acuerdo ya se había alcanzado con gobiernos anteriores, pero hasta ahora no se había ejecutado.
"Este palacio es un símbolo del Gobierno vasco en su exilio y tiene que estar en legítima propiedad de sus dueños de aquel momento", ha manifestado el senador de Bildu Josu Estarrona.
También ha defendido la cesión el senador socialista Raúl Díáz, quien ha arremetido contra el PP por utilizar el Senado y las comisiones mixtas como el "lavadero de sus chapuzas políticas".
La iniciativa ha salido adelante con 20 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención. EFE
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