La regulación de los alquileres de temporada, en fase de negociación con Junts como llave

Madrid, 24 may (EFE).- La regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, los dos "agujeros" que le quedan al Gobierno por tapar de la ley de vivienda, encara la fase de negociación en el Congreso de los Diputados, con Junts como "llave" para su aprobación.

Promovida por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, la proposición de ley para combatir el uso fraudulento de estos contratos ha recibido 66 enmiendas (17 de Sumar, 12 del PSOE, 10 del PNV, 9 de Junts, 7 de Podemos, 3 del PP, 3 de ERC, 3 de Bildu, una del BNG y una conjunta de ERC, Bildu y BNG), después de que esta semana la Mesa del Congreso desbloqueara su tramitación.

El texto establece que si un alquiler temporal dura más de nueve meses o encadena más de dos contratos consecutivos, el primero se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y se le podrán aplicar los mismos preceptos, plazos y prórrogas que establece para estos la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

En sus enmiendas, a las que ha tenido acceso EFE, el PSOE propone elevar ese máximo de nueve meses a un año, el PNV pide que el tope se fije en diez meses y Junts defiende que no se establezca ningún plazo temporal, por considerar que es algo "insustancial" y que "lo importante es la veracidad" de la causa que motiva el contrato.

Junts quiere además que se excluya el alquiler de habitaciones de esta ley, porque a su juicio supone una "invasión competencial", lo que para Sumar supone una línea roja en la negociación.

El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha asegurado a EFE que la regulación del alquiler de habitaciones es una "condición indispensable" para que la norma funcione.

"Si regulamos una y no la otra, continuaremos sin resolver el problema, porque se seguirá haciendo trampa", ha advertido.

Respecto al periodo mínimo, el PSOE y sus socios coinciden en que el alquiler de temporada debe durar al menos un mes.

Tanto Sumar como el PSOE quieren introducir en esta ley las normas derivadas del nuevo procedimiento de registro obligatorio de viviendas de alquiler de temporada, turístico o de habitaciones que aprobó el Ministerio de Vivienda en un real decreto en diciembre de 2024.

Esto supone incluir en el texto que todo alquiler debe estar registrado en la ventanilla única digital del ministerio, que las plataformas no podrán comercializar viviendas o habitaciones que no lo estén y que en los anuncio debe constar el precio del indice de referencia y la última renta.

En esa línea, los socialistas aprovechan esta ley para desarrollar un régimen sancionador para las plataformas en línea (Airbnb, Booking, Vrbo, Rentalia y Expedia, entre las más populares), con multas de hasta 600.000 euros por publicar anuncios ilegalmente.

Las sanciones a plataformas y arrendadores van desde los 3.000 euros por infracciones leves a 30.000 euros por las graves y 600.000 euros por infracciones muy graves.

Todos los grupos coinciden en que los contratos deben especificar la causa de la temporalidad, pero a la hora de comprobar si esta es fraudulenta, los grupos discrepan y, por ejemplo, mientras que ERC quiere que la responsabilidad recaiga en el arrendador, el PNV pide que las circunstancias de la temporalidad sean puestas en el contrato por el arrendador, pero sean las administraciones las responsables de su comprobación.

Por su parte, Bildu pide en sus enmiendas que se aplique el límite de rentas en zonas tensionadas también a las habitaciones y que las pequeñas reparaciones por desgaste de uso corran a cargo del arrendador.

También, que en zonas tensionadas la renta de un contrato de temporada no pueda superar la de una vivienda habitual en los últimos cinco años.

Al igual que Sumar, Bildu propone que la suma de las rentas de las habitaciones no pueda superar la de la vivienda completa, aunque con excepciones.

Algunos grupos defienden en sus enmiendas medidas referidas también al alquiler de larga duración, como las de Sumar dirigidas a establecer un tope permanente del 3 % de actualización de rentas, evitar subidas encubiertas de la renta mediante la imposición de nuevos gastos, eliminar la posibilidad de repercutir tributos al inquilino (IBI), impedir desahucios de alquileres con clausulas abusivas y prohibir las empresas de desocupación.

Por su parte, Podemos pide bajar el precio de los alquileres un 40 % en renovaciones o prorrogas de contratos, que en los que salen nuevos al mercado no puedan ser más del 60 % del precio mediano del indice del municipio y prohibir la compra de casas si no es para residir en ellas.EFE

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