La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de diez años y medio de cárcel para los presuntos cinco patrones de un cayuco que llegó a Canarias con más de 200 personas, tres de ellas fallecidas, y cinco heridas de gravedad.
El escrito de acusación, recogido por Europa Press, señala que en la embarcación viajaban 205 personas de origen subsahariano --149 hombres, 19 mujeres, 37 menores-- y los cinco presuntos patrones, de origen senegalés, asumieron el mando desde la salida de las costas africanas.
La embarcación fue interceptada por Salvamento Marítimo que realizó el trasvase de los ocupantes hasta su llegada a puerto.
Según la Fiscalía, los cinco acusados organizaron la travesía en connivencia con otras personas no identificadas y cobraron en origen algo más de 40.000 dalasi --moneda oficial de Gambia-- a cada migrante.
Así, los cinco acusados realizaron, indistintamente, labores de navegación (tales como manejo del motor, del timón y dirección de rumbo mediante sistema GPS), labores de mantenimiento del orden, impartiendo instrucciones al pasaje, desempeñando las funciones de dirección y capitanía del viaje o determinando la ubicación de los pasajeros en la embarcación y el reparto de alimentos y de agua.
Igualmente, advertían a los migrantes de que no podían testificar en su contra a la llegada al archipiélago, al tiempo que arrojaban al océano los cadáveres de los pasajeros que iban pereciendo durante la travesía --se calcula entre 18 y 28 personas--.
La travesía duró unos 11 días y la embarcación carecía de cualquier tipo de medida de seguridad relativa al almacenaje del combustible, medios de comunicación náutica, luces de posición y deflector de radar, y contaba con escaso espacio para 205 personas, que tampoco llevaban chalecos salvavidas.
Al ir dispuestos en baldas transversales, había riesgo de naufragio por volcado en caso de movimiento interior y riesgo de colisión y abordaje al carecer de iluminación en una zona de elevado tráfico marítimo de buques.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidio por imprudencia grave y lesiones por imprudencia grave y solicita también el abono de una indemnización de 100.000 euros para el hermano de uno de los fallecidos, otros 700 euros para un migrante por las heridas y otra indemnización para otros cuatro migrantes por la cantidad que se establezca en ejecución de sentencia por las lesiones causadas.
El juicio arranca el próximo lunes a las 09.30 horas en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
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