
El jefe de estudios de la Policía Local de Granada y subinspector del cuerpo, que se enfrenta a casi siete años de cárcel por la presunta comisión de varios delitos de violencia machista, será juzgado el 8 de octubre después de que las partes no hayan alcanzado un acuerdo de conformidad.
El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada ha acogido este lunes una vista preliminar en la que defensa y acusación particular han descartado cualquier tipo de acuerdo en este caso, uno de los tres que tiene pendiente el agente. Esto después de que la semana pasada fuera detenido de nuevo por presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a su exmujer.
Durante la vista, la acusación particular ejercida por la víctima ha solicitado que se decretara, como medida cautelar, la prisión provisional para el agente y la retirada de su pasaporte. La jueza lo ha descartado al no ser este el momento procesal para hacerlo y toda vez que ya se adoptaron en una vista anterior las medidas cautelares, consistentes en prohibición de acercarse a la víctima y en llevar un brazalete telemático que controla sus movimientos.
También ha rechazado la jueza la petición de abrir una pieza separada de responsabilidad civil por 25.000 euros como pedía la acusación, a la que ha reprochado que exponga estas cuestiones previas en un momento judicial en el que no procede. "Veo que muy mal camino lleva esto", ha llegado a lamentar la titular del Juzgado de lo Penal 5 ante la falta de voluntad de llegar a un acuerdo entre el agente y la presunta víctima.
Así las cosas, el subinspector será juzgado el próximo 8 de octubre por este primer caso en el Juzgado de lo Penal 5 por la presunta comisión de delitos de violencia física y psíquica habitual, de menoscabo psíquico y de descubrimiento y revelación de secretos perpetrados supuestamente contra su expareja y una de las dos hijas que tienen en común.
El fiscal solicita que sea condenado a seis años y diez meses de prisión. La acusación particular, que ejerce el letrado Mariano Vargas, eleva la petición de cárcel por estos ilícitos a más de 15 años y la defensa del acusado, que lleva el abogado Domingo Domingo, interesa por su parte la libre absolución.
ESCRITO FISCAL
La Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que durante la relación con su expareja, pero sobre todo a partir de 2017, habría venido ejerciendo en el domicilio que compartían "de forma continuada, agresiones tanto verbales" como "conductas de control, debido también a su carácter machista y celoso como agresiones físicas".
Estas últimas habrían consistido en "empujones" o "golpes en la cabeza" o "en el brazo", extendiéndose las agresiones tanto físicas como psíquicas a las dos hijas "con desprecios y admoniciones constantes" sobre todo hacia la mayor, a la que habría causado lesiones.
Igualmente "el acusado sin consentimiento" de su "esposa separada ya de hecho" se habría "apoderado de contactos y fotos personales extraídos de los terminales del ordenador y del teléfono móvil de los que era usuaria".
Trataba al parecer de "averiguar si mantenía alguna otra relación sexual o sentimental así como las amistades que pudiese tener" utilizando también supuestamente la aplicación de un rastreador tecnológico "con el objeto de controlar sus movimientos y saber dónde y con quién" habría estado "en cada momento" su ex.
Con vinculación al caso de supuesto maltrato machista que irá a juicio, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada investiga a varios agentes de la Policía Local de Granada en el denominado caso Viogen por la presunta comisión de un delito de revelación y descubrimiento de secretos tras acceder a datos de la expareja del subinspector en el citado sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista.
Además, la semana pasada el alto mando volvió a ser detenido por presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a su exmujer.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada, en funciones de guardia, acordó su puesta en libertad provisional con prohibición de acercarse al municipio de Armilla, donde reside la presunta víctima. Esta nueva detención ha derivado en la apertura de un proceso judicial por diligencias previas que ahora inicia su tramitación.
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