Redacción América, 17 may (EFECOM).- La minería ilegal en América Latina no solo destruye el medioambiente, sino que también alimenta economías paralelas que mueven miles de millones de dólares al año.
Perú, Ecuador, Brasil y Colombia encabezan esta carrera sin control, mientras Chile demuestra que otro modelo es posible.
Perú encabeza la clasificación. El Instituto Peruano de Economía estima que el país mueve 3.000 millones de dólares al año en oro ilegal, lo que representa el 44 % de todo el oro ilegal exportado desde Sudamérica.
En 2023, solo en octubre, las exportaciones auríferas aumentaron un 11,2 %, reflejando cómo el mercado negro se integra en los circuitos legales sin mayores controles.
Este volumen de dinero no sólo escapa del control fiscal del Estado, sino que también distorsiona la competencia y alimenta una cadena de violencia y corrupción.
El aumento sostenido del precio del oro, que superó los 2.500 dólares por onza en 2024, es uno de los principales incentivos de esta economía sumergida.
En Ecuador, la minería ilegal representa ya más del 1 % del PIB nacional, con exportaciones cercanas a los 1.300 millones de dólares anuales, según la exministra del Interior Mónica Palencia.
Empresas de reciente creación han multiplicado sus envíos de oro, con India y Emiratos Árabes Unidos como principales destinos, según una investigación de Convoca y Plan V.
La Unidad de Análisis Financiero de Ecuador ha identificado patrones sospechosos: pequeñas empresas sin trayectoria exportan cientos de kilos de oro, muchas veces desde zonas donde no hay explotaciones mineras registradas, lo que sugiere un lavado masivo de minerales extraídos ilegalmente.
En Brasil, las redes de "garimpo" clandestino han conformado una industria paralela que genera entre 500 y 700 millones de dólares anuales.
Estas redes no operan de forma artesanal: utilizan retroexcavadoras, aviones, combustible de contrabando y antenas Starlink para garantizar conectividad.
Según datos oficiales, estas actividades se concentran en la Amazonía, especialmente en los estados de Pará y Roraima.
En Bolivia, la minería ilegal se esconde bajo el paraguas del sistema de cooperativas, particularmente las auríferas, cuya fuerte expansión en los últimos años ha sido impulsada por el poder social y político que ha consolidado el sector.
Expertos advierten sobre una institucionalidad débil que impide un control efectivo del cumplimiento de las normas vigentes.
Las actividades ilícitas se concentran en la extracción de oro en los ríos del norte amazónico boliviano, aunque también persiste el robo de estaño y zinc en yacimientos estatales.
De las casi 2.100 cooperativas mineras registradas en el país, unas 1.600 se dedican al oro y más del 60 % no ha completado los trámites legales necesarios para operar.
Además, algunos operadores privados se disfrazan de cooperativas para pagar menos regalías, lo que reduce aún más la recaudación fiscal y fomenta prácticas irregulares que afectan tanto al Estado como al medioambiente.
En Colombia, el negocio del oro ilegal genera entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales. Más del 70 % del oro de aluvión proviene de fuentes ilícitas. Este oro se exporta a países como Estados Unidos, Emiratos, India, China y Suiza, muchas veces a través de empresas fachada.
Según la Procuraduría, más de la mitad de los municipios colombianos presentan actividad minera ilegal.
En Guatemala, aunque faltan cifras precisas, el crecimiento de casos (105 en 2023) y la reincidencia en zonas previamente inspeccionadas indican una expansión del fenómeno.
Muchos operativos exceden sus permisos legales, camuflados en concesiones habilitadas. Las sanciones administrativas no parecen suficientes para disuadir una actividad que, en zonas empobrecidas, representa una fuente de ingreso clave.
Frente a este panorama, Chile aparece como modelo de control y formalización. Con una minería legal que aporta el 12 % del PIB y medidas como la rebaja de la patente minera, el país mantiene casi erradicada la ilegal.
"Los casos que vemos son más bien de robo en minas activas o abandonadas", asegura el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
El Gobierno ha promovido también sistemas de trazabilidad del mineral, lo que impide que el oro ilegal se mezcle con el legal.
Además, las cooperativas mineras deben cumplir requisitos estrictos para exportar, lo que reduce la posibilidad de que empresas pantalla entren al sistema.
Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la minería ilegal se sostiene en la debilidad institucional y la falta de controles.
"El oro extraído de forma ilegal se integra fácilmente al mercado internacional", afirma el informe de 2024. La actividad se ha vuelto tan lucrativa que, en países como Venezuela o Colombia, entre el 80 % y 90 % del oro se extrae fuera de la legalidad. EFECOM
(foto) (vídeo) (infografía)
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