Un acusado revela que la red de corrupción Púnica iba a extenderse desde Madrid a Cataluña

San Fernando de Henares (Madrid), 13 may (EFE).- El director de Comercial de la empresa Cofely entre 2012 y 2014, Constantino A.C., acusado en el caso Púnica, ha declarado en el juicio que la operación que desmanteló esta trama de corrupción política evitó que se extendiera desde Madrid a Cataluña y a otras comunidades autónomas.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio de la pieza de Cofely del caso Púnica, en el que se sientan en el banquillo 36 acusados, entre ellos nueve exalcaldes, la mayoría del PP y de localidades de la Comunidad de Madrid, acusados por adjudicaciones a dicha empresa de contratos de servicios energéticos a cambio de dádivas y comisiones.

Son objeto de la causa adjudicaciones a Cofely por los ayuntamientos madrileños de Torrejón de Velasco (por 4.111.395 euros), Moraleja de Enmedio (2.861.975), Parla (54.659.019), Alcalá de Henares (11.847.479), Valdemoro (50.280.748), Collado-Villalba (35.467.135), Móstoles (60.449.119) y Serranillos del Valle (4.205.589), lo que suma 224 millones de euros.

Quince acusados han pactado con la Fiscalía confesar los hechos a cambio de ser condenados a penas menores, entre ellos los exalcaldes de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (del PP); Parla, José María Fraile (PSOE), y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA).

También se sientan en el banquillo otros seis exalcaldes del PP, que no reconocen los delitos por los que están acusados.

Se trata de José Carlos Boza, de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado-Villalba; Daniel Ortiz Espejo, de Móstoles; Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva, y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio, todas ellas localidades madrileñas, además de José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).

En la sesión de este martes ha seguido declarando Constantino A.C., uno de los quince acusados que han pactado con las fiscales confesar los hechos a cambio de reducir la petición de pena, en su caso de 14 años y cinco meses de prisión.

Constantino A.C. ha explicado que Cofely contrató al también acusado David Marjaliza como 'conseguidor' por la red de influencias que tenía en las administraciones públicas y que permitió a la empresa infiltrarse en los ayuntamientos y obtener información privilegiada reservada para conseguir adjudicaciones.

David Marjaliza es un empresario de la construcción arrepentido, exsocio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica.

"El problema de la empresa es que tenía una excesiva concentración de clientes en la Comunidad de Madrid, queríamos grandes contratos en otras comunidades, teníamos interés en Cataluña y preguntamos a David Marjaliza si conocía a alguien pero ustedes pararon este desarrollo", le ha indicado Constantino A.C. a las fiscales en referencia a la operación que destapó la trama.

Constantino A.C. ha confesado el pago de comisiones en diferentes ayuntamientos y que se inflaron facturas para el pago de las mismas.

En varios momentos de su declaración Constantino A.C. se ha remitido al testimonio prestado en sesiones anteriores de la vista por el también acusado Pedro G.P., que era el responsable de Mercado Público en el departamento de comercial de Cofely, sobre cantidades comprometidas por Marjaliza para el pago de comisiones y dádivas a responsables municipales.

Pedro G.P. relacionó las diferentes cantidades y destacó que en los ayuntamientos de Parla, Collado-Villalba y Móstoles les llegaron a exigir 600.000 euros de comisión para conseguir la adjudicación del contrato, una cantidad que luego renegociaron en los tres casos. EFE