Madrid, 13 may (EFE).- La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha calificado la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal de poco ambiciosa y cree que se trata de "una oportunidad desperdiciada", ya que no moderniza la institución y refuerza "mucho" el poder del fiscal general del Estado.
En declaraciones a EFE este martes, Dexeus ha señalado que la reforma anunciada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aunque pueda aparentar una independencia del Gobierno que nombra el fiscal general, "en el ámbito interno de la Fiscalía, lo que hace es reforzar el poder del fiscal".
"Refuerza mucho el poder del fiscal general y no establece verdaderos sistemas de contrapeso", lamenta Dexeus, que cree que el Gobierno no aprovecha para hacer una "verdadera reforma" del funcionamiento interno de la Fiscalía, de su estructuración y de organización interna de sus órganos.
Denuncia, asimismo, que el Consejo Fiscal debería tener unas funciones más determinantes y que su opinión sea vinculante en algunos aspectos, mientras queda "devaluado como mero órgano asesor del fiscal general con muy poca fuerza".
Por su parte, desde la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), su portavoz Edmundo Rodríguez, considera acertada la reforma de la duración del mandato del fiscal general para evitar que coincida con la legislatura, así como la modificación de las comunicaciones entre Fiscalía y el Ejecutivo "contribuyendo a su transparencia".
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, que busca garantizar la independencia del fiscal general del Estado al desvincular su mandato de la legislatura. Con esta reforma, el fiscal será elegido por cinco años no renovables, con lo que su mandato ya no coincidirá con el del Gobierno, como ocurre ahora.
Bolaños ha puntualizado que esta modificación del Estatuto no se tramitará como una ley independiente, sino que irá dentro de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, como una disposición adicional, y que entrará en vigor el 1 de enero de 2028.
Con esta ley, el Gobierno no podrá dar instrucciones al fiscal sobre ningún asunto y las comunicaciones entre ambos, que tendrán que ver con el interés general, serán públicas y por escrito por la vía del ministro de Justicia. Por otra parte, el fiscal no podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros. EFE
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