El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha esgrimido que "los distintos cargos del PSOE utilizan la abogacía del Estado y la Fiscalía como abogados de familia y personales".
El Ministerio Público anunció este viernes que ha recurrido directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, de investigar por un presunto delito de malversación de caudales públicos al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
En declaraciones a los medios tras un acto en Boadilla del Monte, García Martín ha solicitado a la Fiscalía que "deje trabajar al juez" y ha pedido al delegado que "dé un paso al lado, que dé explicaciones y que dimita".
"No es de recibo que tengamos un delegado del Gobierno que esté imputado por graves delitos, en este caso de malversación de caudales públicos. Por tanto, que se defienda con sus propios servicios de la abogacía que quiera contratar y que a partir de ahí dé un paso a un lado y que deje a otro delegado que pueda de verdad afrontar los retos que tiene nuestra región y que pueda asumir competencias tan importantes como por ejemplo la seguridad", ha lanzado el consejero de Presidencia.
En el recurso, el fiscal explica que el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora tuvo lugar en julio de 2018, tres años antes de que Martín Aguirre llegara a ese puesto, por lo que "no puede pretenderse una participación en un nombramiento que alcanzaba los tres años de antigüedad". Preguntado por este tema, García Martín ha explicado que respeta "todas las decisiones judiciales".
"Entiendo que el juez lo que ha visto es que esta persona, que estaba contratada por la Moncloa siendo secretario general de Presidencia el actual delegado del Gobierno, dependía orgánicamente de ella. Y por tanto esa persona, que presuntamente ayudaba en los negocios personales de la mujer del presidente, pues estaba con un sueldo sufragado por todos los madrileños", ha lanzado.
Además, ha acusado al delegado del Gobierno de "no hacer nada para evitar que, presuntamente, una asesora pagada con los impuestos de todos los españoles ayudara en los negocios privados y personales de la mujer del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, al que también ha pedido explicaciones. "¿Cómo es posible que se utilice el Palacio de la Moncloa como centro de negocios de su propia familia, algo que nunca había ocurrido en democracia y que, desde luego, no debemos normalizar", ha zanjado.
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