Madrid, 9 may (EFECOM).- España ha apelado al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que revoque la decisión del tribunal de Apelaciones del distrito de Columbia, que rechazó la inmunidad soberana alegada por España en varios procesos de ejecución de laudos arbitrales por el recorte a las energías renovables.
Lo que pretende España es que el alto tribunal estadounidense anule tres laudos de alrededor de 400 millones de dólares (unos 355 millones de euros) a favor del fondo Blasket.
En una resolución fechada el pasado 2 de diciembre, el tribunal de Columbia rechazó tomar en consideración los informes técnicos emitidos por la Comisión Europea en favor de España.
Se trata de las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.
Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
Los casos planteados al tribunal de apelaciones son los de la firma estadounidense NextEra, a la que España debe indemnizar con 290 millones de euros, además de otros 5 millones en concepto de intereses de demora.
Otro caso es el de 9REN, vehículo inversor con sede en Luxemburgo al que España debe abonar 40 millones de euros más 3,5 millones de intereses; el tercer caso es el de la compañía japonesa JGC, a la que hay que compensar con unos 34 millones de euros entre indemnización e intereses.
España objetó que nunca había acordado y nunca podría acordar un arbitraje con las empresas y se refiere a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la invalidez del arbitraje entre Estados miembros de la UE.
En paralelo, la Comisión Europea concluyó el pasado 24 de marzo que el laudo arbitral que ordena a España pagar una compensación a la firma luxemburguesa Antin por la retirada de las ayudas a las renovables en 2013 es ilegal, por lo que ha ordenado a España no efectuar ningún abono basado en el mismo. EFECOM
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