Madrid, 8 may (EFE).- El Tribunal Supremo ha planteado una cuestión prejudicial ante la justicia europea para determinar si el sistema de indemnizaciones que la normativa española prevé para víctimas de atropellos intencionados es conforme a las directivas europeas.
La Sala de lo Penal ha elevado la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que aclare si la ley de ayudas públicas que incluye a las víctimas de delitos dolosos cometidos con vehículos de motor puede considerarse similar a las indemnizaciones del régimen del seguro obligatorio, pese a que sus cuantías son inferiores hasta en más de un 50%.
La Directiva europea relativa al seguro de la responsabilidad civil prevé que los daños por atropellos intencionados han de quedar cubiertos por el sistema de aseguramiento obligatorio, salvo que en un Estado miembro exista un sistema de indemnización equivalente.
Al respecto, el Supremo destaca que en nuestro país la cobertura para estos casos está regulada en la ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, que reduce la cuantía de las indemnizaciones, en ocasiones hasta por debajo de la mitad de las que procederían por el régimen del seguro obligatorio, y además excluye a algunos beneficiarios.
En su auto, los magistrados explican que las dudas a solventar por el TJUE se han planteado en un recurso del Consorcio de Compensación de Seguros contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condenó a este organismo, como responsable civil directo, al pago de las indemnizaciones fijadas en favor de los familiares de un hombre fallecido al ser atropellado dos veces de forma violenta por otro hombre que conducía un coche sin seguro.
Todo ello tras una pelea entre ellos a la salida de una discoteca en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) en 2020. Por esos hechos, el acusado fue condenado a 17 años de prisión, si bien el TSJC rebajó las indemnizaciones -de 353.448 a 235.632 euros- al anular el incremento del 50% derivado del carácter doloso de la conducta.
El Consorcio alegaba que no tenía que asumir el pago al no tratarse de un hecho de la circulación ya que el Real Decreto Legislativo 8/2004 dispone que "no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo de motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos".
La Sala considera que si la cobertura indemnizatoria de la legislación española puede considerarse similar a cómo se les indemnizaría en virtud de la Directiva europea no entraría en juego el sistema de seguro obligatorio y quedaría al margen el Consorcio, encargado de cubrir todas aquellas indemnizaciones que, por circunstancias diversas, no sean asumidas por las aseguradoras.
Agrega que un supuesto como el analizado está indudablemente incluido en la cobertura habilitada por la ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y que se puede calificar en términos generales de "mecanismo similar" al que establece la Directiva de la UE, salvo en el punto decisivo de las cuantías.
Por otra parte, la Sala recuerda que es pertinente dar cuenta de una iniciativa legislativa que se tramita actualmente en el parlamento y que establece de forma explícita la obligación del Consorcio de asumir las indemnizaciones de delitos dolosos cometidos con vehículos de motor. EFE
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