
El Gobierno ha ampliado en ocho días hábiles el plazo de alegaciones al expediente para la expropiación de la mitad de los terrenos que ocupa el hotel promovido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) tras acceder parcialmente a la petición realizada por la propia empresa, que solicitó "60 días hábiles" para estudiar el expediente y poder plantear sus observaciones.
La resolución, consultada por Europa Press, concede un margen adicional limitado frente a la solicitud realizada por la mercantil, que planteó que serían necesarios dos meses de días laborables sin festivos para estudiar el expediente debido a la "complejidad técnica" de los documentos así como para salvar el impacto del periodo vacacional de Semana Santa.
En concreto, Azata hacía constar en sus alegaciones iniciales la "imposibilidad" de realizar el estudio técnico necesario para "determinar la concreción e individualización de los bienes objeto de expropiación" en un corto espacio de tiempo en el que, además, se daban días de descanso laboral.
Cabe recordar que el Gobierno decidió iniciar este proceso de expropiación de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre que invade el hotel al considerarlo un procedimiento más ágil para derribar el inmueble, el cual ocupa una zona de especial protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y, por tanto, la mitad del mismo se asienta en suelos cuya gestión son competencia de la Junta de Andalucía, que se opone a la vía expropiatoria como solución.
Frente a la petición de la empresa, el escrito que rubrica el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, apunta la falta de "fundamentación jurídica" para otorgar esas 12 semanas ordinarias de trabajo adicionales ya que ni la Ley de Expropiación Forzosa ni su reglamento "disponen la posibilidad de ampliación del plazo de alegaciones en el trámite de información pública".
No obstante, sí concede ampliar por la mitad del plazo originalmente establecido el periodo inicial de 15 días hábiles, que finalizó a finales de abril, en base a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, al entender que en este caso "concurren parcialmente las circunstancias expuestas por la interesada".
El Gobierno cifra en 16.432 metros cuadrados la superficie que ocupa el hotel y que se corresponde con la zona de servidumbre de protección del litoral, que debe estar libre de edificaciones de uso residencial, esto es, poco más de la mitad de los 32.654 metros cuadrados de la parcela que, según Catastro, es propiedad de Azata del Sol.
La resolución de origen recalcaba el doble pronunciamiento favorable de la Abogacía del Estado, los días 18 de octubre de 2024 y 10 de febrero de 2025, de cara a iniciar un nuevo procedimiento expropiatorio después de que se desistiera de esta vía en junio de 2009, ya que desde entonces "se han dictado sentencias que han incidido sobre la situación que justificó dicho desistimiento".
En este sentido, señalaba la declaración de utilidad pública aprobada en Consejo de Ministros para poder iniciar la expropiación, tanto de los terrenos ocupados por la edificación como el propio inmueble "en la parte que invade la zona de servidumbre" --esto es, en los cien metros de anchura en el tramo litoral--, como la mejor vía para la "recuperación" de este espacio natural.
El Gobierno incide en que la Ley de Costas ampara al Estado como titular del dominio público marítimo-terrestre en aras de garantizar tanto su integridad física como su uso público, lo que le otorga una "potestad expropiatoria" de los terrenos que invade el hotel de acuerdo con el deslinde firme de 2005.
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