(Actualiza la EC1315 con más información sobre el acuerdo)
Barcelona, 5 may (EFE).- El Govern y el grupo parlamentario de Comuns han pactado elevar a un total de 850 millones de euros los recursos propios destinados a políticas de vivienda, activar ya en junio a 60 inspectores -de los 100 previstos este año- para hacer cumplir la ley de vivienda y crear una unidad antidesahucios.
Así lo han anunciado este lunes la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y la presidenta de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que han comparecido en una rueda de prensa conjunta para explicar el contenido de sus nuevos acuerdos en materia económica.
Estos acuerdos, que incluyen también 13 millones de euros para desarrollar el sistema de salud bucodental, 10 millones para la salud mental de jóvenes y adolescentes y 20 millones para L'Energètica pública, permitirán que los comunes voten a favor de convalidar los dos primeros suplementos de crédito del Govern, que debe afrontar este año con unos presupuestos prorrogados.
Albiach, que ha sido la encargada de comunicar los detalles del acuerdo, ha explicado que han pactado elevar hasta los 850 millones la cifra de recursos propios de la Generalitat para políticas de vivienda, lo que "se suma" a los 600 millones en créditos aportados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), con un volumen global, por lo tanto, de 1.450 millones de euros.
El énfasis se pondrá en la construcción de vivienda de protección oficial, la compra por tanteo y retracto (88 millones), el impulso del alquiler social, el fomento de la vivienda cooperativa (tres millones) y la rehabilitación del parque inmobiliario.
Otro de los puntos acordados pasa por activar antes del 30 de junio a 60 inspectores -del total de cien ya pactados por Govern y Comuns para antes de que finalice el año-, que deberán velar por el cumplimiento de la ley catalana de vivienda y la aplicación de su régimen sancionador.
En septiembre se pondrá en marcha una unidad específica de prevención y actuación contra los desahucios, dotada de al menos 50 personas, que ofrecerá acompañamiento jurídico y mediación entre familias y propietarios, y en paralelo el Govern elaborará un informe sobre "el impacto del racismo inmobiliario", sobre las "discriminaciones en el acceso a la vivienda". EFE
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