San Fernando de Henares (Madrid), 29 abr (EFE).- Un responsable del Departamento Comercial de Cofely entre 2012 y 2014, Pedro G.P., acusado en el caso Púnica, ha confesado este martes en el juicio que la empresa pagó en esa época comisiones y dádivas a alcaldes, la mayoría del PP, por adjudicaciones millonarias de contratos de servicios energéticos.
La Audiencia Nacional juzga a 36 acusados relacionados con adjudicaciones a Cofely por los ayuntamientos de Torrejón de Velasco (por 4.111.395 euros), Moraleja de Enmedio (2.861.975), Parla (54.659.019), Alcalá de Henares (11.847.479), Valdemoro (50.280.748), Collado-Villalba (35.467.135), Móstoles (60.449.119) y Serranillos del Valle (4.205.589), lo que suma 224 millones de euros.
Quince acusados han pactado con la Fiscalía confesar los hechos a cambio de ser condenados a penas menores, entre ellos los exalcaldes de tres localidades madrileñas, Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (del PP); Parla, José María Fraile (PSOE), y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA).
Entre los acusados que han llegado a dicho acuerdo para ver reducidas sus condenas se encuentra Pedro G.P., que en la época de los hechos era responsable de Mercado Público del Departamento Comercial de Cofely y para quien las fiscales anticorrupción piden en sus conclusiones provisionales 15 años y dos meses de prisión.
También ha seguido colaborando y ha llegado a un acuerdo de conformidad con los hechos descritos por la Fiscalía el acusado David Marjaliza, empresario de la construcción arrepentido y exsocio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica.
Pedro G.P. ha declarado que para contactar con los consistorios y ofrecerles sus servicios energéticos Cofely contrató como asesor comercial a Marjaliza, "que era una persona muy introducida con acceso a muchos ayuntamientos por el desarrollo de sus actividades".
Ha explicado que Cofely tenía una posición privilegiada respecto a sus competidores pues en general los ayuntamientos le daban información previa a la licitación e incluso en muchos casos la empresa se encargaba de redactar los pliegos técnicos y administrativos que luego publicaba el consistorio.
El acusado ha reconocido también que "Cofely siempre estaba dispuesta a pagar" las comisiones y las dádivas que pedían algunas autoridades municipales.
Ha destacado que por ejemplo en Parla llegaron a exigir 600.000 euros para la adjudicación del contrato, aunque luego la cifra se redujo, y ha relatado otros pagos de decenas de miles de euros por este concepto en otros ayuntamientos, aunque ha aclarado que en el caso de Torrejón de Velasco no le consta que se exigiera una comisión.
Y ha manifestado que se inflaban las facturas de los trabajos que había que ejecutar por las adjudicaciones para que parte del dinero fuera recibido por Marjaliza a través de una de sus empresas de construcción para atender a esas comisiones.
Entre los acusados se encuentran otros seis exalcaldes del PP, que no reconocen los delitos por los que están acusados.
Se trata de José Carlos Boza, de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado-Villalba; Daniel Ortiz Espejo, de Móstoles; Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva, y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio, todas ellas localidades madrileñas, además de José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).
En el caso de Almendralejo las investigaciones del Juzgado de Instrucción de esta causa interrumpió el proceso de adjudicación iniciado, que no llego a licitarse, aclara la Fiscalía en su escrito de acusación. EFE
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