El senador del Partido Popular, Antonio Luengo, ha denunciado públicamente que el Real Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, (DL666/2023), que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, "atenta contra la autonomía del sector", por lo que el PP ha exigido una "moratoria urgente", para "ajustarlo a las demandas de los profesionales, más de un millar en la Región y más de 36.000 en toda España".
En este contexto, el senador ha indicado que los veterinarios critican que la imposición del Real Decreto les impide ejercer su profesión con total libertad, porque "limita su capacidad profesional para prescribir basada en el juicio clínico, incrementa de manera desorbitada la burocracia y les impone unas sanciones incoherentes", según informaron fuentes del Partido Popular en un comunicado.
Desde el PP "respaldamos todas y cada una de las reivindicaciones de los veterinarios frente al atropello que supone esta nueva normativa", ha insistido Luengo, para añadir que "la sanidad animal no puede depender de decretazos socialistas", sin el consenso ni la recomendación técnica de los propios profesionales.
"Exigimos al Gobierno de España que escuche al sector y les ayude a ejercer su profesión de la mejor forma posible", además de que "dé marcha atrás con esta normativa ineficaz que limita la capacidad profesional de los veterinarios", ha incidido Luengo.
A su juicio, una vez más Pedro Sánchez "impone un decreto sin diálogo, sin consenso y de espaldas a los profesionales, como lo ha hecho con muchas otras leyes". También ha remarcado que "desde su despacho en Moncloa el presidente del Gobierno no puede decirle al sector cómo ejercer su profesión, esto no es gobernar, es imponer".
EXIGENCIAS AL GOBIERNO DE ESPAÑA
Entre las exigencias del PP al Gobierno se solicita abrir un periodo de consultas con veterinarios y administraciones locales para revisar y simplificar los procesos burocráticos; derogar el régimen sancionador del Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (Presevet), sustituyéndolo por un modelo que garantice la proporcionalidad de las sanciones; y apoyar legalmente a los veterinarios para que puedan dispensar los medicamentos necesarios a los animales bajo su cuidado.
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