Claves del inédito capítulo del caso ERE: 'Choque' entre la Audiencia y el Constitucional

Roberto Ruiz Oliva

Sevilla, 28 mar (EFE).- La macrocausa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Andalucía afronta estos días un episodio inédito tras el 'choque' entre la Audiencia de Sevilla, que condenó en la pieza política a ex altos cargos socialistas de la Junta, y el Constitucional (TC), que le concedió amparo a la mayoría de procesados.

Década y media después de que este mediático caso llegara a los tribunales, la Audiencia sevillana y la corte española de garantías, intérprete supremo de la Constitución pero que no forma parte del Poder Judicial, escriben un último giro de guión en una controversia que podría llevar los ERE incluso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El amparo otorgado por el TC, que conllevó que se anulara la pena de cárcel a condenados como el expresidente andaluz José Antonio Griñán y que se rebajara el castigo al también expresidente Manuel Chaves, supone que la Audiencia de Sevilla tenga que dictar una nueva sentencia sobre los ERE que respete el derecho fundamental a la legalidad penal que el Constitucional consideró vulnerado.

Una vez aclarado qué magistrados integran el tribunal sevillano que debe emitir ese nuevo pronunciamiento, la Audiencia ha cuestionado ahora que el amparo del Constitucional sea del todo "compatible" con el derecho comunitario de la Unión Europea, al plantear si la corte de garantías pudo extralimitarse o invadir ámbitos reservados a los jueces.

Se refería a una posible invasión de ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales puesto que el TC, al hacer una interpretación alternativa sobre los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos juzgados, revisó lo planteado tanto por la propia Audiencia de Sevilla como lo confirmado luego por el Tribunal Supremo, que consideraron fraudulentas las ayudas sociolaborales otorgadas por el Gobierno andaluz.

La Audiencia, a través de un providencia, ha dado un plazo que acaba la próxima semana a las partes personadas (Fiscalía, acusaciones del PP y Manos Limpias y defensas) para que se posicionen sobre el posible planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Este procedimiento prejudicial se utiliza en los casos en que la interpretación o validez del Derecho de la UE está en cuestión, y cuando un órgano jurisdiccional ve necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo o cuando no exista jurisprudencia en el Derecho nacional.

La Audiencia planteó si la interpretación del Constitucional sobre las leyes de presupuesto de Andalucía de los años 2002 a 2009, que está en el fondo de la controversia sobre este caso, "se opone" a la normativa y jurisprudencia comunitaria al dejar "al margen de todo control" aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria, desde la fase inicial de elaboración de las cuentas públicas a la fase final de su ejecución.

También expuso la posibilidad de que la doctrina del TC incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, "incompatible" con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.

Este movimiento de la Audiencia ha llevado al propio presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a abrir el debate sobre si el tribunal sevillano puede elevar una cuestión prejudicial a la Justicia europea por el caso de los ERE.

Esta consulta pretende aclarar si un tribunal ordinario puede acudir a la justicia europea para tratar de esquivar las resoluciones del Constitucional, un paso insólito por parte de la corte española de garantías que nunca antes había intentado frenar de esta forma una consulta de jueces ante Europa.

Aunque los jueces y magistrados españoles son competentes para preguntar al tribunal europeo, la duda está en si lo pueden hacer respecto de resoluciones de la corte de garantías con las que discrepan.

Antes de deliberar sobre este asunto en pleno y para contar oficialmente con el documento, el TC pidió -dentro su forma habitual de comunicación con los órganos judiciales- a la Audiencia de Sevilla copia de su providencia para después, previsiblemente, solicitar un informe a los letrados de la corte de garantías sobre si puede acudir al TJUE.

A la espera de que el tribunal fije una posición, fuentes jurídicas informan a EFE de que los magistrados han movido ficha y algunos están consultando a sus letrados, especialmente a los que dominan derecho comunitario, para formarse una opinión con informes internos que ya circulan entre los magistrados. Uno de ellos, elaborado por una letrada adscrita al conservador César Tolosa, concluye que el TC no puede impedir a los jueces españoles que acudan al TJUE.

Tras esta última solicitud, la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Primera de la Audiencia sevillana, en un movimiento igualmente inédito dado que no hay precedentes de que un órgano así se haya 'resistido' de forma tan clara ante el máximo intérprete de la Constitución, le replicó que justificara su petición.

En una nueva diligencia, ha pedido al TC que concrete "la finalidad o razón de ser" de la solicitud de la providencia que materializa ese último trámite del tribunal sevillano. Un último paso que no se atisba ni mucho menos como el último en un 'culebrón' judicial al que parecen quedarle todavía muchos capítulos.

Porque todo apunta, según las fuentes, a que previsiblemente la próxima semana se celebre una reunión entre todos los magistrados para resolver esta cuestión y tomar una decisión antes de que venza el plazo que la Audiencia ha dado a las partes para pronunciarse. EFE