València, 27 mar (EFE).- La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, ha acordado requerir a la Conselleria de Emergencias que le remita nueva documentación y ha encargado a la Guardia Civil la elaboración de un informe sobre las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias, ubicado en la localidad de l’Eliana.
La magistrada responde así en un auto notificado este jueves a la petición de diligencias de investigación realizada por una de las acusaciones populares personadas en la causa, la ejercida por Acció Cultural del País Valencià.
Además, en un segundo auto, la instructora ha rechazado la petición del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, de declarar como investigado por medios telemáticos el próximo 11 de abril.
En este caso, la juez basa su decisión en la “gravedad de los hechos objeto de la investigación, homicidios y lesiones imprudentes”, el elevado número de fallecidos, la “intervención de un gran número de partes” en la causa, la “falta de acreditación de dificultad alguna al objeto de personarse en el juzgado” y la “ausencia de razones de orden público ni de seguridad” que justifiquen que esa declaración no se lleve a cabo de forma presencial.
En cuanto a las diligencias de investigación acordadas hoy por la titular del Juzgado, éstas incluyen requerir a la Conselleria de Emergencias y de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) para que remitan al juzgado la relación de puestos de trabajo de los trabajadores que prestan servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias.
Esa documentación deberá especificar las tareas, formación y datos personales de los empleados, así como identificar a los que estuvieron presentes en el centro entre las 06:00 y las 23:59 horas del 29 de octubre del pasado año.
El auto también emplaza a la misma institución a que facilite documentación relativa al Plan Especial de Inundaciones y la información que se remitió el día de la dana a los ayuntamientos y diputaciones que se pudieran haber visto afectados por la crecida del barranco del Poyo.
Del mismo modo, requiere al director general del Medio Natural y Animal para que informe sobre las acciones desarrolladas y el momento en que finalizaron las medidas de control del mismo barranco el 29 de octubre.
La juez rechaza realizar una inspección ocular en el Centro de Coordinación de Emergencias, como solicitaba la acusación popular de Acció Cultural, pero sí libra un oficio para que la Guardia Civil elabore un informe sobre las instalaciones.
Ese informe tendrá que incluir los datos relativos a los sistemas de videograbación existentes en la entrada del edificio y en distintas estancias interiores, la información que comparten las pantallas instaladas, el sistema que garantiza la cobertura de red para el funcionamiento de la telefonía móvil o el sistema de gestión geográfica, entre otros aspectos técnicos.
La magistrada deniega la práctica de otras diligencias de investigación solicitadas por la misma acusación popular, como la conservación de los datos de las comunicaciones electrónicas emitidas o recibidas desde el Centro de Coordinación de Emergencias porque no se pueden incorporar a la causa debido a que ésta no se refiere a delitos dolosos. EFE
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