Madrid, 25 mar (EFECOM).- El Defensor del Pueblo ha sugerido al Ministerio para la Transición Ecológica y a las comunidades autónomas que impulsen la convocatoria de la Conferencia Sectorial de la Energía para atender los problemas del ciudadano, y abordar la incorporación "eficaz" de las comercializadoras energéticas al sistema de resolución extrajudicial de litigios.
En 2024, la institución dirigida por Ángel Gabilondo atendió un "elevado volumen" de quejas relacionadas con estas compañías, según su informe anual, donde avisa de que la falta de desarrollo del procedimiento de resolución de conflictos que establece la ley del Sector Eléctrico propicia que no sea posible resolver administrativamente todas las reclamaciones de los consumidores.
En el documento, publicado este martes, el Defensor del Pueblo reconoce que la regulación de los sectores energéticos es "compleja y en ocasiones confusa", no sólo por la participación de diferentes actores, sino por los distintos tipos de contratos (libre o regulado) que se pueden suscribir.
A su modo de ver, esto provoca que, en un "gran número de ocasiones", los consumidores "no sepan muy bien" ante qué órgano o Administración tienen que acudir para resolver sus controversias.
De igual modo, ha detectado que "a menudo" los órganos de consumo no informan "adecuadamente" a la ciudadanía sobre las diferencias existentes entre la vía de la mediación (de ejecución voluntaria) y la vía del arbitraje (de ejecución obligatoria).
Como consecuencia de ello, prosigue, la labor de mediación que desarrollan las oficinas municipales de información al consumidor resulta, en la gran mayoría de las veces, "desincentivadora" para los usuarios porque sus resoluciones no son vinculantes y por la "falta de voluntad" de las empresas energéticas.
Pero, además, hay casos en los que la vía del arbitraje no ha resultado efectiva, después de que las autoridades de consumo hayan entendido "erróneamente" que no existía una adhesión por parte de la comercializadora, "a pesar de ser una obligación legal".
En línea con lo anterior, la institución ha sugerido al Ministerio y a las comunidades autónomas impulsar la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Energía para debatir, entre otras, cuestiones como la incorporación "eficaz" de estas empresas al sistema de resolución extrajudicial de litigios.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recibido quejas por cambios de comercializadora eléctrica "sin consentimiento" por error en el punto de suministro, que incluso han derivado en el corte de luz en una vivienda.
Desde su punto de vista, estos supuestos se producen por un sistema "ineficaz" que no garantiza, al menos, que quien introduzca los datos sea el titular, haciendo posible que un tercero ajeno pueda contratar en nombre de otro, "ocasionándole un perjuicio".
Por estos hechos, la institución planteó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que abriera un expediente sancionador a una comercializadora -no especifica cuál-, una sugerencia que no fue aceptada tras considerarse que el afectado disponía de distintas acciones para reclamar los daños ocasionados. EFECOM
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