Sevilla, 22 mar (EFE).- Más de 300 personas se han dado cita este sábado en el sevillano Muelle de la Sal en una concentración convocada por Ecologistas en Acción y Greenpeace para exigir la anulación de la autorización de vertido al río Guadalquivir de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla).
Durante este acto reivindicativo con motivo del Día Mundial del Agua, se ha obsequiado a los participantes con botellas etiquetadas como "agua mineral Aguadalquivir" con los metales pesados que ya contiene el río y que este vertido va a agravar.
Las organizaciones ecologistas han advertido del peligro que tendría el vertido de metales pesados sobre el estuario del Guadalquivir y que afectarían a varios Hábitats de Importancia Comunitaria (HICs) de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir que están en Red Natura 2000 y sobre el Parque Nacional de Doñana, el cual sumaría una amenaza más al listado que ya tiene.
Han recordado que el proyecto de la reapertura de la mina de los Frailes prevé verter un total de 85,5 hectómetros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio y han advertido, además, que el estuario del Guadalquivir ya está contaminado por metales pesados debido a los vertidos mineros producidos por la mina de Las Cruces desde 2009, tal y como ha constatado el estudio realizado por el Catedrático de la Universidad de Sevilla, Jesús Castillo.
"El nuevo vertido proyectado para la reapertura de la mina de Aznalcóllar podría conducir a repetir el desastre sufrido hace 27 años tras la ruptura de la presa de Boliden", han apuntado.
Según los ecologistas, la dinámica interna del estuario del Guadalquivir evita que los metales pesados salgan rápidamente hacia la desembocadura.
Por un lado, porque la presa de Alcalá del Río aguas arriba se comporta como un "fondo de saco", frenando las mareas y favoreciendo la sedimentación y, por otro, porque en la desembocadura del río se produce lo que se conoce como "tapón salino", que frena la salida de las aguas interiores hacia la misma.
Todo ello hace que la presencia de metales pesados termine afectando a los ecosistemas, pasando a la red trófica, llegando a los usos pesqueros o agrícolas y poniendo en peligro los potenciales usos del agua del Guadalquivir para consumo humano en caso de sequía prolongada.
Además, las operaciones de dragado del estuario depositan esos sedimentos contaminados en el Golfo de Cádiz.
Las botellas repartidas contenían un folleto informativo con las reivindicaciones de estos colectivos, como la exigencia de la paralización de las autorizaciones y prospecciones mineras mediante una moratoria y la constitución de un grupo técnico-científico de expertos independientes que evalúe en profundidad sus efectos en el medio ambiente y sus afecciones a la salud y la seguridad alimentaria. EFE
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