El Tribunal Constitucional (TC) ha accedido este martes a la petición realizada por el Senado para que estudie el encaje en la Carta Magna del tratado de amistad entre Francia y España que permite a miembros del Ejecutivo galo participar en el Consejo de Ministros español, según ha informado la corte de garantías.
Fue el pasado febrero cuando la Cámara Alta instó a la corte de garantías a pronunciarse "sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución española y el artículo 2 apartado 4 del Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa.
Además, el Senado pidió suspender la tramitación parlamentaria de dicho tratado. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que esta solicitud buscaba frenar el recorrido en ambas cámaras, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.
El Constitucional lo ha rechazado, dejando libre el recorrido parlamentario en la Cámara Baja, si bien ha aclarado que en el Senado "el procedimiento queda suspendido en tanto se pronuncia el Tribunal Constitucional" sobre la petición realizada por la Cámara Alta.
El precepto cuestionado por la sede legislativa establece que "un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación".
CONSENTIMIENTO BICAMERAL
Conforme explica el TC, este tratado internacional requiere la previa autorización de las Cortes Generales para que el Gobierno pueda dar su consentimiento para obligarse internacionalmente mediante el mismo. Por eso, el Ejecutivo se la pidió a ambas cámaras.
Sin embargo, el Senado cree que dicho artículo es inconstitucional porque no ve posible que ciudadanos no españoles puedan asistir a las reuniones del Consejo de Ministros, en cuanto máximo órgano de gobierno que ejerce un poder constitucional del Estado: el Poder Ejecutivo.
"Por eso, antes de pronunciarse sobre la autorización solicitada por el Gobierno, el Senado se ha dirigido al Tribunal Constitucional a fin de que emita una declaración vinculante acerca de si existe o no contradicción" entre el tratado y la Constitución, expone el TC.
La corte de garantías recuerda que es la tercera vez que se le pide esta declaración vinculante. Las anteriores, formuladas ambas por el Gobierno, se refirieron al Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y al proyecto de Constitución europea.
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