Barcelona, 11 mar (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) ha devuelto al juzgado de Badalona (Barcelona) la causa contra la incineradora de Tersa, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), al considerar que el diputado de Sumar Eloi Badia desconocía las presuntas irregularidades ambientales y al señalar únicamente al otro investigado.
En un auto, avanzado este martes por El Periódico y al que ha tenido acceso EFE, la sala de lo penal considera probado que el actual diputado en el Congreso "estaba alejado del funcionamiento concreto de esa instalación de tratamiento, y desconocía las presuntas irregularidades en la incineración de residuos".
La decisión del Supremo, contra la que cabe recurso, supone que la causa vuelva al juzgado de instrucción número 5 de Badalona, únicamente contra el otro acusado, "quien ostentaba desde hacía bastantes años el cargo de Jefe de Explotación" de las instalaciones.
"Este jefe de esa explotación, a diferencia del aforado (Badia), era un técnico con responsabilidad y poder de decisión que conocía perfectamente todas las circunstancias concretas que concurrían en la quema de los residuos en la instalación que dirigía durante el periodo investigado", detalla.
La decisión va en consonancia con lo solicitado por el ministerio público, que pretendía el archivo de la causa contra Badia y que continuara únicamente para el otro investigado de nuevo en el juzgado de instrucción de Badalona.
Además, la sala afirma sobre Badia que "no existe participación consciente del investigado en las irregularidades del funcionamiento", que son "marcadamente técnicas", y detectadas "durante la investigación en el desarrollo de la actividad de incineración desarrolladas por esas instalaciones de Tersa".
El Supremo también señala que el cargo que ostentaba Badia como presidente de Tersa "procedía por ser concejal en la materia de medioambiente del Ayuntamiento de Barcelona", consistorio que forma parte del Área Metropolitana, donde la incineradora presta sus servicios.
Sobre la temperatura de los hornos, ha manifestado que "la incineración de esos residuos en esa planta de autos se verificaba controlando la temperatura de los hornos mediante un simple algoritmo" que, según los informes de la Guardia Civil, no aseguraban el "correcto funcionamiento".
Concretamente, no permitían "saber a ciencia cierta si se alcanzaba esa temperatura mínima exigida en los hornos, lo cual suponía un riesgo grave de emisión a la atmósfera de los referidos compuestos contaminantes". EFE
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