El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido este martes un debate "sosegado" sobre el turismo en las islas, "sin líneas rojas", ya que es "vital" para tomar decisiones en favor del desarrollo económico y social del archipiélago, y en el que debe entrar la limitación de compra de vivienda para no residentes y controlar el crecimiento de la población.
En un discurso pronunciado en el 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' se ha preguntado si Canarias puede "crecer más" o como se redistribuye la riqueza y sostiene que el futuro del turismo pasa por lograr una "sostenibilidad social y medioambiental", planteando que hay que pedir ante la UE que se busquen límites a la compra de vivienda por parte de no residentes.
Ha dicho que el objetivo es "lograr un sector que siga siendo referente mundial, motor tractor" de la economía y que, al mismo tiempo, "siga conviviendo en paz, como lo ha hecho durante décadas, con el residente".
En esa línea ha apuntado que "la Europa y la Canarias de 2025 hoy no son las mismas" que cuando se entró en la UE hace más de 40 años "y no se puede legislar en el siglo XXI con criterios del siglo XX".
Asimismo, ha apuntado que "igual que otros territorios han puesto normas para acceso a la condición de residentes y a la venta de viviendas a extranjeros, también debería poder hacerlo Canarias" por lo que el Gobierno desplegará una estrategia político-jurídica (62) para poder "redefinir esas reglas" de juego haciendo valer la condición de Región Ultraperiférica (RUP).
"Que sea difícil no quiere decir que sea imposible. No es el primer ni será el último caso de asuntos que eran imposibles y que Canarias, con trabajo, rigor y diálogo, logró cambiar. Porque si algo tenemos claro es que a Canarias hay que defenderla todos los días", ha explicado.
Así, ha avanzado que el primer paso se dará en la Conferencia de Presidentes de las RUP que se celebrará en abril en la isla de Reunión.
En este contexto se ha referido a la actualización de la ley del suelo, con el fin de simplificar la normativa para garantizar la seguridad jurídica, y a la política hidráulica, con la planificación ya cerrada tras un retraso acumulado de casi dos años, y que implica 1,525 actuaciones valoradas en casi 4.000 millones.
"Canarias ha hecho los deberes y ha puesto al día la planificación de su cuenca hidrográfica. Ahora le toca cumplir al Estado e incorporar al convenio de obras hidráulicas --pendiente de ejecución desde el año 2018--, esos 1.406 millones de euros que suponen la financiación del 35% de las necesidades de inversión en el ciclo integral del agua en las islas", ha destacado.
Igualmente ha cifrado en el 58% el objetivo del Gobierno en la penetración de las energías renovables en 2030.
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