Andalucía aprueba el decreto que impulsa 20.000 viviendas con cambios de uso del suelo

Sevilla, 24 feb (EFE).- El Gobierno andaluz ha aprobado este lunes el decreto ley de medidas urgentes en vivienda que facilitará la construcción de 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años con cambios en los usos del suelo disponible, de forma que las parcelas con usos turísticos o de oficinas se puedan destinar a viviendas protegidas.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha explicado que estos cálculos se han realizado con los promotores, tanto públicos como privados, que recibirán subvenciones de 272 millones en cinco años para llevar a cabo ese número de viviendas protegidas y movilizarán una inversión de 1.860 millones y unos 48.000 directos y otros 20.000 indirectos en el sector de la construcción.

Además de los cambios de uso, salvo las parcelas destinadas a usos sanitarios y educativos, se contempla en el decreto ley otras medidas como aumentar la edificabilidad y densidad en las parcelas aptas para la edificación para que se puedan construir más VPO.

También se amplían los límites de los coeficientes territoriales que determinan los precios máximos de venta con el objetivo de que tengan acceso más familias, ha explicado la consejera.

Ha señalado que Andalucía ya había iniciado la tramitación de su Ley de Vivienda, pero se ha querido anticipar algunas medidas dentro de este plan de choque para dar respuesta a las urgentes necesidades frente a la ley estatal de vivienda que "ha traído el colapso del mercado y ha creado inseguridad y desconfianza en los propietarios".

Se crea bolsa de suelo municipal

Las medidas buscan la implicación de los promotores para que se involucren en la construcción de viviendas protegidas como la creación de una bolsa de suelo, que se hará en colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes, para mostrar la disponibilidad existente para construir viviendas a precio asequible.

 Los ayuntamientos tendrán tres meses para informar de los suelos que tienen de reserva de vivienda protegida, así como las parcelas que son susceptibles de acoger este tipo de viviendas y, en paralelo, el promotor dispondrá un sistema ágil de convocatoria para selección de adjudicatarios de vivienda protegida, que se suma al registro de demandantes. EFE