Madrid, 23 feb (EFE).- El grupo parlamentario plurinacional Sumar ha registrado más de un centenar de enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE), como reducir la jornada de trabajo de su personal a un máximo de 35 horas semanales.
El paquete de enmiendas, consultado por EFE, plantea además extender la posibilidad de jubilación parcial a los funcionarios en los mismos términos que al resto de trabajadores, en tanto que en materia de teletrabajo, aboga por aclarar que es una opción, y defiende que la negociación colectiva esté presente en todas las decisiones que tengan que ver con su implementación.
En su borrador de enmienda número 89, Sumar sugiere modificar el texto para que la jornada general de trabajo de la AGE no supere las 35 horas semanales y sea fijada por el departamento ministerial competente en función pública, previa negociación con los sindicatos.
El grupo recuerda que el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI "ya establece la recuperación de la jornada de 35 horas y la derogación de las limitaciones establecidas en la disposición 148 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2018".
Por ello, y "porque así está comprometido", la futura Ley debe garantizarla, apunta.
Esta iniciativa se conoce dos semanas después de que el Gobierno presentara la reducción de la jornada laboral ordinaria a 37,5 horas semanales, una medida que -a tenor de los cálculos de Moncloa- beneficiará a más de doce millones de trabajadores del sector privado.
En el caso de los funcionarios de la AGE, la resolución dictada en febrero de 2019 por la Secretaría de Estado de Función Pública ya estableció la duración de la jornada general de este colectivo en 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.642 horas al año.
En otra de sus enmiendas, Sumar pide que la jubilación del personal funcionario, si es voluntaria, también pueda ser parcial.
Sobre ese mismo artículo se pronuncia, asimismo, en lo referente a la posibilidad de que el funcionario solicite, con una antelación mínima de tres meses y máxima de cuatro meses a la fecha en la que cumpla la edad de jubilación forzosa, la prolongación de la permanencia en servicio activo.
Desde el punto de vista del grupo, esta prórroga debería concederse "de forma voluntaria", aunque "en ningún caso" podría optar a ella el personal directivo profesional. "La prolongación de la carrera profesional ha de configurarse como un derecho para toda persona funcionaria", prosigue.
Respecto al teletrabajo, las enmiendas buscan especificar que esta modalidad de trabajo a distancia es una opción del empleado, "pero nunca obligatoria". Del mismo modo, solicita que no se hable de este sistema como una forma de "reducción de costes", pues ello "no puede ser una motivación" para implementarlo.
El documento propone el fomento de la igualdad en el seno de la AGE con iniciativas para reducir la brecha salarial de género, especialmente en las retribuciones complementarias, o un plan para la promoción y defensa de las personas LGTBI y su no discriminación, previa negociación con las organizaciones sindicales.
Del mismo modo, interesa que la excedencia para el cuidado de familiares se trate como un derecho a reconocer "a toda persona que preste servicio en el sector público, con independencia de su condición de funcionario o personal laboral".
Como Sumar, el PSOE ha registrado enmiendas a este Proyecto de Ley, entre ellas recuperar la jubilación parcial de los funcionarios por ser un derecho "suprimido por el Gobierno de (Mariano) Rajoy en 2012", según el comunicado remitido el pasado miércoles por el grupo socialista.
De acuerdo con sus propuestas, también se extendería hasta los 72 años -ahora es de 70 años- la jubilación forzosa para aquellos funcionarios que quieran seguir trabajando, de manera voluntaria, una vez lleguen a la edad ordinaria de retiro. EFE
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