Las autonomías llegan a una semana clave con el rechazo al cupo catalán como único acuerdo

Francisco Tomás-Valiente

Madrid, 23 feb (EFE).- Las comunidades autónomas se reunirán con el Gobierno el próximo miércoles para hablar de financiación con un único punto de acuerdo entre ellas, el rechazo a lo que una mayoría de sus presidentes llama "cupo catalán", rechazo significativo en una semana en la que debería empezar a concretarse dicho sistema.

El Gobierno ha fijado una agenda intensa para esta semana, durante la cual se sucederán las citas tanto en Barcelona, con la celebración de dos comisiones bilaterales con la Generalitat para concretar los acuerdos de financiación, como en Madrid, con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne a los consejeros económicos con el Ministerio de Hacienda.

Para ese CPFF la vicepresidenta María Jesús Montero no llevará una propuesta de nuevo modelo, porque ha decidido dejar en suspenso, por falta de consenso, la que era su única iniciativa: desactivar la despoblación como un criterio para distribuir fondos de compensación.

Así, el único eje del encuentro parece ser una posible quita de su deuda con el Estado para las comunidades. Pero tampoco eso suscita acuerdo en un CPFF cuya celebración fue impuesta por la reciente Conferencia de Presidentes del pasado mes de diciembre, forzado a su vez por los barones populares.

En cuanto a la financiación catalana, el Gobierno no puede alargar más los plazos para aterrizar sus acuerdos con ERC y Junts, fundamentales no solo para la investidura de Salvador Illa (PSC) como president de la Generalitat, sino también para la permanencia en Moncloa del propio Pedro Sánchez.

Y por eso el lunes 24 se reunirá la comisión bilateral Estado-Generalitat, y el viernes 28, la de asuntos económicos.

En la primera se debe ratificar el acuerdo político que propició la investidura de Illa, mientras que la segunda se centrará más en aspectos concretos de la financiación singular.

Al mismo tiempo, Montero quiere llevar al encuentro con el resto de autonomías algún ofrecimiento, y ese no puede ser otro que el de asumir al menos parte de su deuda con el Estado.

Pero como no todas las autonomías tienen la misma deuda, que el Estado haga una quita puede suponer un agravio comparativo entre unas y otras autonomías.

Presidentes como el canario, Fernando Clavijo (CC), o los del PP Alfonso Rueda y Jorge Azcón, han hablado claramente en contra de la quita de deuda, hasta el punto de que el último de los citados señaló en un desayuno informativo la pasada semana en Madrid: "Los aragoneses no vamos a pagar la deuda de los catalanes".

Por su lado, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avisó recientemente a comunidades autónomas endeudadas, como Valencia, de que la condonación es a su juicio el "señuelo" que ofrece el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para no hablar de financiación autonómica mientras negocia una situación de privilegio para Cataluña.

A juicio de otra presidenta autonómica del PP, la cántabra María José Sáenz de Buruaga, ese sistema de privilegio para Cataluña sería "letal" para su región.

El socialista Emiliano Page, al frente de Castilla - La Mancha, también rechaza una negociación bilateral con Cataluña.

Por su lado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que propondrá que a las menos endeudadas con el Estado Hacienda les abone la cantidad equivalente por habitante a la que se condone a las más apalancadas, para no premiar a las que gastan por encima de sus posibilidades.

En esa línea el socialista Adrián Barbón, presidente de Asturias, ha señalado respecto a la quita de deuda que Hacienda se ha comprometido a que la quita pueda extenderse también a la deuda en los mercados.

El Principado reivindica que la condonación debe hacerse "en base a criterios objetivos, iguales para todas las autonomías, y que la condonación debe ser asimismo equitativa, es decir, debe beneficiar a todas las comunidades".

Lo cierto es la Comunidad de Madrid o Canarias tienen ninguna o muy poca deuda con el Estado, mientras que otras como Asturias, Galicia, Castilla y León, La Rioja o Cantabria, tienen una deuda con el Estado muy baja.

O al menos, mucho menor a la que tienen Valencia (55.000M€) o Murcia (12.500M€), ambas gobernadas por ejecutivos populares. O Cataluña (77.000M€), que también en este punto parece salir beneficiada por la propuesta de Hacienda. EFE

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