El hospital de Majadahonda no usó las mascarillas donadas por Luceño por su mala calidad

Madrid, 18 feb (EFE).- El hospital Puerta de Hierro no usó ninguna de las 50.000 mascarillas que le donaron los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por su mala calidad, según ha relatado un responsable de este centro.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este martes el juicio a Alberto Luceño y Luis Medina, que se enfrentan respectivamente a 15 y 9 años de cárcel acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid en lo más duro de la pandemia, embolsándose una comisión de 6 millones con los que compraron bienes de lujo.

Tras las declaración de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de la capital, se han sucedido testimonios como el del que era director de Gestión del Hospital Puerta de Hierro, Francisco Javier Cortés, quien ha explicado que Luceño donó al centro 50.000 mascarillas pero finalmente no usaron "ni una", ya que confirmaron tanto con una entidad publica como con un laboratorio privado que "no eran válidas".

"No tenían las más mínima posibilidad de ser utilizadas", ha añadido este responsable del hospital en el que trabajaba la mujer de Luceño, que ha explicado que las mascarillas no cumplían los criterios de las mascarillas KN95, ni FPP2, ni siquiera FPP1 y dudaron "hasta de que pudieran ser higiénicas".

Solo las usaron durante un mes, a finales de 2020, pero únicamente para los pacientes que iban a hacerse una resonancia magnética, ya que no tenían metal.

Ha reconocido que firmó un documento para que Luceño pudiera deambular por la ciudad, como hizo con otras muchas personas, precisando que no lo hubiera hecho si hubiera sabido que "en la letra pequeña" ponía cosas como que el empresario era "agente oficial del gobierno chino".

Por su parte, la directora del banco en el que Medina ingresó el dinero que obtuvo de la operación ha explicado que este empresario acudió “dos o tres veces” a la oficina para informar de que estaba tratando de cerrar un negocio para el que necesitaba una cuenta en dólares.

Ella le explicó a Medina que al tratarse de un importe “relevante” tenía que aportar cierta documentación, y así Medina le envió un contrato con el importe, y luego un documento en el que justificaba su actividad como ‘broker’ o intermediario.

Tras recibir dos abonos de 250.000 euros y 750.000 euros fue traspasando el dinero de la cuenta en dólares a euros y luego hizo “dos operaciones de inversión”, según la directora, a quien no le llegó “ninguna anomalía” a lo largo de la operación.

Cuando el aristócrata fue a declarar en la fase de instrucción, la cuenta estaba “casi vacía”.

Seguidamente ha declarado el director del banco en el que Alberto Luceño hizo lo mismo, que ha relatado que el empresario le avisó de los importes que iban a llegar a su cuenta y se adelantó a la hora de remitir la información requerida por la sucursal bancaria.

Dos semanas después de llegar la cuantía de las supuestas comisiones “empezó a haber salidas de dinero” para compras de vehículos, ha asegurado.

También ha declarado la agente que hizo el informe sobre lo incautado en los registros de la vivienda y la empresa de Luceño, quien ha incidido en que el acusado mantuvo “una actitud absolutamente colaboradora” durante las pesquisas.

Ha explicado que los agentes encontraron en el interior de su domicilio, dentro de una cartera, un carnet de cartón plastificado “que parecía ser del CNI” y una placa metálica.

“En ese momento, al ver que nos estábamos interesando por analizarlos, (Luceño) manifestó espontáneamente que formaba parte de un disfraz y que no tenía importancia, y que el disfraz no lo tenía ahí”, ha añadido.

Esta agente también ha ratificado varios informes incluidos en la causa, como uno sobre las conversaciones que mantuvieron Luceño y un ciudadano chino llamado Anthony, que hace de intermediario entre el empresarios madrileño y el malasio San Chin Choon que vendió el material.

"Luceño le da instrucciones (a Anthony) sobre lo que tiene que decir San Chin Choon en la comisión rogatoria" y es "el autor real del documento" final que el empresario malasio envió al juzgado de instrucción como declaración jurada, y que finalmente no fue aceptada por el magistrado. EFE

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