El Congreso rechaza la ley de Vox para que el padrón señale a los migrantes irregulares

Madrid, 18 feb (EFE).- El Congreso ha rechazado la toma en consideración de una proposición de ley de Vox para que el padrón municipal precise si el inscrito es un migrante en situación administrativa irregular y para impedir el registro a las personas que hayan ocupado una vivienda.

Con los únicos votos a favor de Vox y PP (169) y 174 en contra, la norma no ha superado su primer paso para la tramitación en el Congreso, tal y como ocurrió en diciembre de 2022, cuando la misma formación llevó al pleno esta medida, que fue apoyada solo por el PP y Foro Asturias.

Durante el debate de esta toma en consideración, el PP ha respaldado la iniciativa y el resto de intervinientes -PSOE, Sumar, ERC, PNV y Podemos- han mostrado su rechazo frontal a la propuesta, que han calificado de "despropósito racista" y un intento de hacer "listas negras" de los más débiles.

El diputado Ignacio Hoces, de Vox, ha presentado la iniciativa para "acabar con los beneficios" que, según la formación, prevé actualmente el ordenamiento jurídico tanto para los ciudadanos extranjeros sin papeles como para los ocupas.

"Ni una sola vivienda social para un ocupa, ni una sola ayuda pública a un inmigrante ilegal y ni un solo servicio público deteriorado o colapsado como consecuencia de su política de fronteras abiertas", ha defendido.

En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PP Sofía Acedo ha anunciado que su grupo votaría a favor de la toma en consideración "por ser coherente y no estar al lado del muro del Gobierno de Sánchez".

Ha acusado a la izquierda de "agitar la coctelera del racismo y la xenofobia" sin leer la proposición de ley, que no busca evitar el empadronamiento de los migrantes sin papeles, a pesar de lo que el propio Vox había anunciado, sino "simplemente que se recoja" su situación administrativa.

La diputada ha culpado al Gobierno de provocar "un conflicto sin precedentes entre administraciones y, peor aún, la mayor preocupación social que ha habido nunca en España" con sus "políticas nefastas" en inmigración.

Y ha abogado tanto por un mayor control para detectar "casos de irregularidad" desde el empadronamiento como por impedir que los ocupas utilicen el padrón para acreditar pruebas de residencia y contra los intereses del propietario.

Todos los demás grupos que han intervenido han mostrado su rechazo frontal a la iniciativa, como la diputada María Guijarro, del PSOE, que la ha tachado de "despropósito racista" al pretender crear una "lista negra" donde identificar a los que, según Vox, "sobran" y ha subrayado que "esas listas negras nos recuerdan a tiempos oscuros".

Además, ha dicho que , en contra de lo esgrimido por la formación proponente, "no existe un problema social como la ocupación ilegal de viviendas" en España, ya que afecta a apenas el 0,05 % de las viviendas.

Por parte de Sumar, Vicenç Vidal también ha condenado el "señalamiento" que propone Vox, al intentar crear una "casilla" para identificar a los migrantes sin papeles y se ha preguntado quiénes serán los siguientes, si los "rojos", los que hablan catalán o los que tienen una discapacidad como él.

Salvador i Duch, de ERC, ha acusado a Vox de ser como un "portero de discoteca, siempre al servicio del amo" y llevar al Congreso lo que ha calificado de "una enmienda de máxima crueldad", que además va en contra de la ley, que establece "claramente" que toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el padrón.

De "ir de fuerte con los débiles y de muy cobarde con los poderosos" también ha acusado a los de Vox la diputada de Podemos Martina Velarde, que ha recordado que "ningún ser humano es ilegal": "estamos en una institución que es seria y venimos a presentar leyes serias, no esta pantomima que traen ustedes hoy, que además está mal redactada jurídicamente hablando", ha lamentado.

Con un tono más calmado, el diputado de PNV Mikel Legarda también ha rechazado rotundamente la propuesta, al no considerar necesaria la modificación en la ley que propone "y mucho menos dar pábulo a discursos que consideramos tóxicos y que envenenan la política, el debate político y la misma convivencia". EFE