La empresa Ziba Talents, que realizaba los pagos al ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias por dirigir el programa 'Fort Apache' en la televisión Hispan TV, ha aportado a la Audiencia Nacional (AN) seis facturas emitidas por éste para la realización del espacio de análisis político en 2016.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado ante el juez Santiago Pedraz, que investiga a la antigua cúpula de Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy por supuestas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre determinadas personas que conformaban Podemos.
Fuentes jurídicas señalan a esta agencia de noticias que se solicitó esta diligencia, acordada posteriormente por el magistrado, para indagar en el origen de determinadas filtraciones a prensa que se produjeron en esas fechas y que buscaban dar una imagen negativa o desfavorecedora de la formación 'morada'.
Las seis facturas aportadas son de 2016 y el montante asciende a 12.600 euros. Mahmud Alizadeh Azimi, que se presenta en el escrito como administrador único de esa mercantil, señala que en 2016 la empresa se denominaba 360 Global Media y que la contabilidad estaba a cargo de una persona denominada Natalia Carrascosa y de la mercantil externa Asesoría la Iglesuela SL.
Cabe recordar que Carrascosa fue citada como testigo por el juez dado que la formación 'morada' reseña que era apoderada de 360 Global Media y podría arrojar luz sobre la recopilación de información para la elaboración del 'Informe PISA'.
En este sentido, el escrito señala que dado que las facturas reclamadas por medio del oficio librado por el juzgado son de 2016, se ha superado ampliamente "el plazo de seis años previsto en el artículo 30 del Código de Comercio como de obligatoria custodia para el empresario de los documentos contables".
Por eso, señala que Ziba Talents "no puede asegurar que las facturas que se aportan sean todas las emitidas por Pablo Iglesias a Global Media en el año 2016, sino que son las que han podido ser localizadas en sus archivos contables".
En este sentido, aporta las facturas emitidas de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2016 y en ellas se refleja lo el 21 por ciento de IVA y el 15 por ciento de IRPF.
Las fuentes jurídicas consultadas añaden que la formación dirigida por Ione Belarra ha solictado ya al juez Pedraz una ampliación de esta diligencia de manera que la empresa, que no es iraní sino que tiene CIF español, aporte también facturas de 2015, que pudieron ser las que la cúpula policial usó para filtrarlas a prensa apuntando a una posible financiación iraní del partido.
LA QUERELLA DE PODEMOS
Podemos presentó una querella ante la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, el partido morado aseguraba que los querellados --bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad-- "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".
Además, la formación fundada por el exvicepresidente Pablo Iglesias apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
OCHO ACTUACIONES CONCRETAS
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
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