Madrid, 3 feb (EFE).- El magistrado Ángel Hurtado ha rechazado adoptar medidas que limiten la libertad de expresión por la queja del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante lo que considera un juicio paralelo construido por las acusaciones.
Hurtado ha acordado no adoptar decisión alguna, si bien ha remitido sus alegaciones a un juzgado ordinario de Madrid, en respuesta a la queja del fiscal general por lo que considera un juicio que está siendo construido por las acusaciones en los medios de comunicación, que facilitarían una publicidad del asunto penal de manera parcial y sesgada en contra del principio de presunción de inocencia.
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"Vaya por delante que, cuando de una alegación de este tipo se trata, formulada por una parte, sobre el comportamiento en el mismo proceso de otra, ha de ser mirada con la suficiente cautela, porque, sucediendo en asunto de la trascendencia mediática como el presente, se suele olvidar de las opiniones de otros medios y determinados ámbitos que le son favorables", dice el juez.
El instructor señala que en sus resoluciones "se podrá comprobar que lo han sido con base en el material incorporado a ella y/o las alegaciones que unas u otras partes han ido realizando en sus distintos escritos; el que, luego, según el medio o el ámbito en que se hable de este procedimiento, se viertan unas u otras opiniones, es algo a lo que este instructor, por respeto al derecho constitucional a la libertad de expresión, no ha de poner coto".
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"Salvo -continúa- que las considere delictivas, cosa que, hasta el momento, no ha apreciado; y, desde luego, si se habla de juicio paralelo, nada hay que temer, porque, por ser paralelo, ninguna incidencia ha de tener en el proceso, cuando se resuelve en función del material que obra incorporado a él".
Ahora bien, "aun aceptando que las acusaciones fueran proporcionando información a distintos medios", rechaza hablar de sesgo, "cuando tal circunstancia pudiera ser de exclusiva responsabilidad del medio de que se trate".
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En cuanto a la petición del fiscal general para que adopte las decisiones oportunas para impedir la difusión de informaciones que la defensa considera sesgadas, contesta el magistrado que "no hay base para atribuir ese sesgo a las acusaciones"
Y añade que "impedir tal difusión supone poner limitaciones a un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, que ha de ser respetado, aunque su contenido no se comparta", por lo que señala que si García Ortiz entiende que tal vulneración se ha producido, siempre puede acudir "a la vía que estime oportuna".
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Del mismo modo, Hurtado rechaza abrir una pieza separada en el Supremo, para corregir con una multa el incumplimiento por parte de las acusaciones de filtraciones, si bien lo que hace es deducir testimonio para su remisión al Juzgado de Instrucción correspondiente, como ya hizo el 5 de diciembre por el mismo motivo.
En cualquier caso, el instructor apunta que "no se alcanza a entender por qué se pone la atención tan solo en las acusaciones particular y populares, cuando se alega que son éstas ‘las que están incumpliendo el deber de reserva de las diligencias sumariales o que se quieren proponer’, sin dar más explicación que la aparición de determinada información en determinados medios, cuando la ha habido en otros que no menciona"
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Respecto de la queja del fiscal general por la publicación de sus números de teléfono en un informe de la UCO, explica que "no es factible impedir a las partes el acceso al contenido íntegro de una causa no declarada secreta, porque en otro caso se perturbaría su derecho de defensa y el que tienen a obtener la tutela judicial efectiva". EFE
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