San Fernando de Henares (Madrid), 20 ene (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha suprimido "todas las referencias" a las peticiones de responsabilidad civil para Repsol, CaixaBank y la Administración General del Estado en el juicio contra el excomisario José Manuel Villarejo por los encargos de ambas cotizadas para frenar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex.
Así lo ha anunciado este lunes, tras las renuncias de dos presuntos perjudicados, Rodrigo Álvarez y Fernando Ramírez. En el documento original, consideraba que los acusados tenían que indemnizar a ambos con 8.000 euros, cantidades a las que deberían hacer frente de forma subsidiaria Repsol, CaixaBank y la Administración.
Apenas minutos antes, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, avanzaba que las acusaciones particulares habían hecho "expresa reserva del ejercicio de acciones o renuncia a las mismas", de modo que los supuestos responsables civiles subsidiarios "quedarán fuera del procedimiento".
En la primera jornada de la vista oral que celebra la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, las partes han defendido sus respectivas propuestas de prueba.
Tal es el caso de la acusación que ejerce el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, representado por el letrado Jaime Campaner, que ha interesado las testificales del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el que fuera su homólogo en CaixaBank en la época de los hechos, Isidro Fainé.
"No es viable cortar el cordón umbilical del flujo de la información obtenida por Villarejo y fingir que ambos presidentes no forman parte del tablero procesal", ha subrayado Campaner, que ha insistido en que el hecho de que los dos empresarios fueran apartados de la causa no implica que no puedan declarar en el juicio como testigos.
Sobre Brufau, el abogado de Del Rivero ha alegado que su intervención es "útil y necesaria" para que explique la importancia y el contexto del pacto Sacyr-Pemex así como el desarrollo de los servicios realizados por el Grupo Cenyt, empresa propiedad de Villarejo, entre otros aspectos.
Pero también, para valorar la "satisfacción o no" con los encargos realizados a esta firma "porque en 2014 la volvieron a contratar a pesar de que las defensas dicen que los servicios de 2011 y 2012 dejaron mucho que desear por venir de fuentes abiertas".
Por su parte, el abogado del excomisario, Antonio García Cabrera, se ha remitido a las cuestiones previas que ya ha venido planteando en otras piezas separadas sobre sus negocios, y ha lamentado que se trate de una investigación "general y prospectiva" en la que la cadena de custodia "ha desparecido".
"Lo prospectivo es el contenido de los autos de entrada y registro porque se basan en un planteamiento incierto que la Fiscalía provocó", ha denunciado.
Los hechos investigados giran en torno del proyecto "Wine", que investiga la presunta contratación, en 2011 y 2012, de empresas de Villarejo para investigar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex.
La Fiscalía Anticorrupción pide 40 años de cárcel para el excomisario; 32,5 para el que fuera su socio Rafael Redondo; 28 para el exjefe de Seguridad de Repsol Rafael Araujo; 21 para el que fuera su "número dos", Rafael Girona, y otros 21 para el exresponsable de Seguridad en CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño.
La Fiscalía atribuye delitos de cohecho pasivo, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros cometidos por funcionario público, descubrimiento y revelación de secretos de particulares y falsedad en documento mercantil. EFE
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