Valladolid, 8 ene (EFE).- La Audiencia de Valladolid ha condenado a nueve de los once encausados en el caso conocido como Perla Negra a penas que oscilan entre dos años y medio de prisión, la más alta, e inhabilitación, las más bajas, y ha absuelto a los otros dos procesados, según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE.
El juicio contra once personas, entre ex altos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios, se celebró por la supuesta comisión de irregularidades en la compra por parte de la Junta del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), inmueble conocido como Perla Negra, y la adquisición de terrenos del fallido parque empresarial de Portillo (Valladolid).
En el caso de los condenados, la resolución judicial ha apreciado la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas -los hechos juzgados abarcaron entre los años 2005 y 2010-.
La Fiscalía había reclamado penas que oscilaban entre once y cuatro años de prisión para los procesados y había considerado que se cometieron delitos continuados de prevaricación, revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias; malversación de caudales públicos y violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias.
El fallo de la sentencia, que consta de 309 folios, establece para el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, por un delito continuado de malversación de caudales públicos, prisión de 2 años y 6 meses y 6 años de inhabilitación absoluta relacionado con todo cargo o empleo público que implique cualquier tipo de gestión o contratación de las administraciones públicas y de las empresas públicas.
También le condena por un delito continuado de prevaricación administrativa a la pena de 3 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con el ámbito de gestión y contratación de las administraciones públicas y de las empresas públicas.
La exviceconsejera Begoña Hernández ha sido condenada a dos años y dos meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con el ámbito de gestión y contratación de las administraciones y las empresas públicas por un delito continuado de prevaricación administrativa.
Al exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán la Audiencia ha impuesto, por un delito de delito continuado de prevaricación administrativa, la pena de dos años, un mes y quince días de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con el ámbito de gestión y contratación de las Administraciones públicas y de las empresas públicas.
El exdirector gerente de Gesturcal Salvador Molina y el exdirector financiero de Gesturcal Francisco Armero han sido absueltos de los delitos de los que habían sido acusado.
Para el exadministrador de la Promotora inmobiliaria Urban Proyecta Germán Martín Giraldo, la sentencia fija una condena de once meses de prisión por un delito de violación de secretos en concurso con un delito continuado de tráfico de influencias, respecto de los hechos del edificio de Arroyo.
A Ángel Román Montes, también de Urban Proyecta, le impone, por un delito de violación de secretos en concurso con un delito continuado de tráfico de influencias, respecto a los hechos del edificio de Arroyo, la pena de 11 meses de prisión.
La sentencia establece para Luis Antonio Recio, del Parque empresarial de Portillo; Francisco Esgueva, de Cementos La Bureba; - Luis Ángel Rodríguez, del Parque de Portillo; y-Carlos González, exconsejero del Parque de Portillo, la pena de 7 meses de prisión y multa de 1.470.000 euros, con responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 7.000 euros o fracción impagada, respectivamente. EFE
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