Miami, 27 dic (EFECOM) -. El gobierno de Florida ha determinado que ninguno de los miembros de la antigua junta del distrito fiscal de Walt Disney World había cometido delitos penales y dio así por terminada una disputa entre ambos, que se inició cuando la compañía rechazó una legislación impulsada por el gobernador, el republicano Ron DeSantis, sobre el colectivo LGBTQ+.
"Debido a la falta de un antecedente penal" el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida ha cerrado el caso contra el Distrito de Mejoras de Reedy Creek (RCID, en inglés), escribió en junio pasado a DeSantis la inspectora general en jefe del estado, Melinda Miguel, según documentos revelados esta semana por el canal News 6, de Orlando.
El RCID no infringió ninguna ley penal antes de que DeSantis designara una nueva junta para supervisar el distrito fiscal especial de Walt Disney World, detalla.
La oficina del Inspector General cerró "discretamente" su revisión sin hacer recomendaciones, según un memorando obtenido por News 6 a través de una solicitud de registros públicos, según la fuente.
Los exlíderes de la RCID fueron absueltos de cualquier delito penal después de que DeSantis solicitara una investigación el año pasado.
Los registros estatales señalan que había una "difuminación de las líneas" entre The Walt Disney Co. y su distrito de gobierno, pero finalmente el Inspector General decidió no tomar ninguna medida adicional.
DeSantis y Disney se enfrentaron como parte de una guerra cultural después de que Bob Chapek, entonces director ejecutivo de Disney, se pronunciara en contra de la legislación estatal que abordaba cuestiones LGBTQ+.
El gobernador respondió con ataques a Disney e impulsó cambios en la ley para despojar a la compañía de su junta directiva y permitirle designar nuevos miembros.
Antes de que los designados por DeSantis asumieran el control de la junta directiva de Disney, los miembros salientes aprobaron acuerdos de desarrollo a largo plazo con Disney que les limitaron el poder.
DeSantis respondió pidiendo una investigación estatal para ver si se habían violado leyes civiles o penales. EFECOM
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