Barcelona, 19 dic. (EFE).- Una investigación del SEPRONA de la Guardia Civil en Barcelona concluye que una organización de recogida de animales abandonados, cuyas empresas ofrecían servicios a una cincuentena de municipios de la provincia que desconocían sus prácticas, los mantenía en condiciones vejatorias.
La investigación, denominada Operación RELICTA y ordenada por la Fiscalía a raíz de una denuncia, sacó a la luz graves irregularidades en la gestión de los animales y el tratamiento clandestino de cadáveres, que involucra a cinco empresas y siete personas en Barcelona, según ha informado este jueves el Instituto Armado.
El caso se originó hace años tras denuncias ciudadanas que alertaban de irregularidades en una residencia canina para animales abandonados.
Esta residencia, además de recoger y albergar a los animales, dispone de una incineradora autorizada para la gestión de cadáveres, lo que levantó sospechas sobre posibles prácticas de eliminación de pruebas, dado que también sería responsable del sacrificio injustificado de algunos animales.
Las investigaciones del SEPRONA apuntan a que esta instalación pudo haber sido utilizada para encubrir un delito de maltrato animal, al destruir cuerpos sin seguir los protocolos de trazabilidad exigidos por la normativa y al quedar en el ámbito administrativo por falta de pruebas.
Uno de los puntos clave en la investigación fue la denuncia interpuesta en la Fiscalía de Medio Ambiente por la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), que aportó pruebas documentales sobre casos específicos de maltrato en una segunda residencia situada en otro municipio.
A partir de estas pruebas, la Fiscalía ordenó al SEPRONA la apertura de la Operación RELICTA mediante una Diligencia de Investigación Penal, que reveló que las dos residencias caninas estaban gestionadas por las mismas personas.
Según la Benemérita, estas personas podrían haberse lucrado aprovechando la renovada imagen de la nueva residencia para reemplazar a la anterior.
Además de demostrar el maltrato animal, la investigación sacó a la luz falsificaciones documentales y el almacenamiento no autorizado de cuerpos en una nave.
Durante el transcurso de la investigación se han tomado declaraciones a cinco personas que han declarado sobre la dura realidad de estas residencias caninas a través de varios casos, como el de una perra que ingresó embarazada y perdió una gran cantidad de peso en dos meses.
También, el caso de un perro que, ante las malas las condiciones en la que se encontraba, fue atacado por otro can y, en lugar de recibir asistencia, fue etiquetado como animal agresivo y finalmente sacrificado.
Una cincuentena de municipios de la provincia de Barcelona, que desconocían las irregularidades existentes en la recogida y tratamiento de animales, llegaron a contratar los servicios de la organización.
La Guardia Civil ha concluido que la red opera bajo un esquema criminal que no solo se lucra a través de los contratos con los ayuntamientos y la gestión de los cadáveres y sus residuos, sino que también incurre en delitos y ocultación de pruebas.
Por ello, el Instituto Armado apunta a presuntos ilícitos de maltrato animal, falsedad documental, contra los recursos naturales y organización criminal. EFE
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