Exministra francesa: El combate entre abolir o regular frena lucha contra la prostitución

Palma, 13 dic (EFE).- La senadora y exministra socialista francesa de Familia Laurence Rossignol considera que España y Francia comparten un problema para combatir la prostitución, por la "confrontación violenta" entre los partidarios de la regularización y los abolicionistas que "no avanza".

"El enfrentamiento es muy duro, muy violento y no avanza, no estamos progresando", ha advertido la senadora por el departamento de Val-de-Marne, en la región de París, en una entrevista con EFE con motivo de su participación este viernes en Palma en el 'II Congreso internacional sobre la explotación de las mujeres y niñas en el siglo XXI', que organiza la Asociación Española de Feministas Socialistas, con el apoyo del Instituto Balear de la Mujer.

Según la también presidenta de la entidad feminista Assemblée des Femmes, "los partidarios de la reglamentación ejercen un increíble 'soft power' sobre los medios y los periodistas, y es una batalla semántica, por el vocabulario".

"Intentan transmitir la idea de que la prostitución es una elección, una libertad, pero sabemos que eso no es cierto. Sabemos que la mayoría de las prostitutas se encuentran en esta situación porque no les queda otra opción, porque son víctimas de trata y viven en la precariedad. Esto no es libertad, es violencia", asegura.

Y añade: "Me niego a utilizar el término 'trabajadora sexual', porque ni es un trabajo ni es sexo, y esto no tiene nada que ver con la libertad sexual; es la libertad sexual del cliente, pero la actividad de prostitución no es en absoluto una libertad".

"Una razón por la que la actividad de prostitución no puede ser considerada una libertad, una elección, es que la edad media en la que una persona entra en la prostitución son los 15 años". La senadora francesa advierte de que "una persona de 15 años no ha podido elegir la prostitución, es una niña, protegida por la ley que califica de violación toda relación sexual entre un adulto y un menor de 15 años", añade.

Rossingnol señala que se estima que un 85 % de las mujeres que ejercen la prostitución proceden de la trata y son extranjeras en situación irregular, y el 66 % ha sufrido violencia y abuso sexual en la infancia.

Sobre la norma francesa, resume que se basa en tres pilares, empezando por "la despenalización de la actividad de prostitución", que desde la ley de 2016 "ya no es un delito penal".

"Por otro lado -detalla-, la ley crea un nuevo tipo penal que es el de la compra de servicios sexuales, sabiendo que en Francia ya existe un delito de proxenetismo bastante extendido. Y, por último, la ley también prevé apoyo y asistencia para abandonar el sistema de prostitución".

"Preferimos utilizar la expresión 'sistema de prostitución' porque cuando hablamos de prostitución, lo más frecuente es que hablemos de la persona que se prostituye; cuando hablamos de proxenetismo, hablamos de la persona que se beneficia, que explota; pero ahí siempre hay alguien ausente: que es el cliente", explica.

La norma contempla apoyar a las prostitutas para salir del sistema y compensar la pérdida de ingresos, y que sancionar al cliente genere ingresos. "Todo parece fantástico sobre el papel, pero en realidad, es mucho menos bueno" porque el aspecto penal de la ley "se aplica de manera muy desigual en el territorio francés".

Aboga por "fortalecer los sistemas de apoyo para salir de la prostitución" y denuncia la falta de medios. "La ley sólo puede funcionar si va acompañada de medios, y lo mismo ocurre con la legislación española; no podrá funcionar si no va acompañado de recursos y presupuestos", advierte.

La senadora Rossignol considera que "la aplicación ha sido muy insuficiente, por falta de una verdadera voluntad política de luchar contra el sistema prostitucional".

La norma penaliza al cliente "sobre el papel", algo de escasa aplicación por limitaciones como que deba ser pillado in fraganti, una circunstancia que Rossignol considera que se podría mejorar en la legislación española que se plantea, si se penalizara "desde los preliminares" para que "sea sancionable quien manifieste la voluntad de pagar por un servicio sexual".

Al penalizar a los clientes, destaca que la ley francesa ha sido disuasoria: "Sigue siendo una herramienta simbólica muy poderosa porque cuando una sociedad decide penalizar la compra de servicios sexuales envía un mensaje muy fuerte, dice que esto no es aceptable, que es un ataque a la dignidad humana, y este mensaje tiene un impacto, incluso si la aplicación práctica de la ley es difícil. En Francia, hemos observado una disminución de los anuncios de prostitución en los sitios web".

También considera necesario "adaptar la ley a las nuevas prácticas sexuales", como las plataformas de comercialización donde las mujeres están detrás de una cámara. Cree que en la definición de proxenetismo deberían estar incluidas las plataformas que se benefician de los pagos por esas imágenes. EFE

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