El Defensor plantea la urgencia de abordar la violencia vicaria y proteger a los menores

Madrid, 25 nov (EFE).- El Defensor del Pueblo ha reclamado una protección específica para los menores víctimas de violencia vicaria -que se ejerce contra ellos para hacer el máximo daño a las madres-, mejorar la valoración del riesgo y varias reformas legislativas.

En el informe 'Violencia vicaria de género. Las otras víctimas', el Defensor formula, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 19 medidas para mejorar la protección de las víctimas de violencia vicaria que ha remitido a varios ministerios, al Poder Judicial y a las comunidades autónomas.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, cree que se necesita una protección específica de este tipo de violencia contra la infancia y la adolescencia, con unos sistemas de valoración de riesgo y de intervención propios que permitan entender toda la problemática que afecta a la unidad familiar en su conjunto y que hagan prevalecer el interés de los menores por encima de ningún otro.

Para detectar este tipo de violencia y mejorar los sistemas de valoración del riesgo propone elaborar indicadores específicos como la existencia de denuncias previas contra la madre, la intervención de los servicios sociales en situaciones de conflicto familiar o que la madre cuente con la acreditación administrativa como víctima de violencia de género.

Además, recomienda formación especializada para los profesionales en contacto con las víctimas; revisar el 'Protocolo de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar'; facilitar la denuncia de los menores en sede policial; extender las Unidades de Atención a la Familia y Mujer a todas las comisarías y fortalecer servicios homólogos en la Guardia Civil; y establecer acuerdos de colaboración entre las fuerzas de seguridad y los servicios sociales.

En el ámbito judicial, plantea mejorar la dotación de recursos humanos, materiales y tecnológicos de los juzgados; garantizar la obligatoriedad de la formación en materia de violencia vicaria, y hacer que los juzgados y tribunales que se ocupan de asuntos de familia y menores sean lugares más accesibles, cómodos y apropiados.

La institución solicita modificaciones del marco regulatorio procesal y civil actual para garantizar que los regímenes de visitas, comunicación y estancia se adopten en beneficio e interés del menor, incorporando a las decisiones sobre la guarda o sobre la comunicación con los hijos e hijas otras medidas de protección que garanticen su seguridad, exista o no denuncia previa por violencia de género de la madre.

Para la institución, es imprescindible fortalecer el marco legal vigente, como la "necesaria" reforma de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género "para que los y las menores víctimas de violencia vicaria de género sean considerados víctimas de violencia de género".

Reclama asimismo que se adopte a la mayor brevedad posible el Plan de Acción Nacional en Violencia Vicaria de Género con medidas para asegurar que existe un marco legislativo mínimo común en todo el Estado, independientemente del desarrollo específico que pueda darle cada comunidad autónoma.

También, que se establezcan herramientas de coordinación tanto de las políticas públicas como de los servicios autonómicos, locales y estatales para la protección a los menores víctimas de violencia de genero vicaria.

La institución propone regular la intervención de los servicios sociales u otras entidades cuando ejerzan la función colaboradora del juez en la ejecución de resoluciones judiciales en materia de familia, y que esta se dé siempre bajo el control judicial, garantizando la cualificación de estos profesionales.

Además, que los casos penales de violencia vicaria de género sean competencia de los órganos judiciales que se encargan de la violencia de género, independientemente de que haya denuncia previa relativa a la madre, y que se regule la intervención de un perito experto en psicología del testimonio cuando las condiciones del menor lo requieran.

El Defensor pide poner en funcionamiento el Registro Central de Información sobre la Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia, tal y como establece la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia (Lopivi).

Además, se sugieren reformas para fortalecer el sistema de reparación para las víctimas menores y vincular los derechos previstos en la Lopivi en el contexto asistencial de la violencia de género, ofreciéndoles en las redes asistenciales para las víctimas de violencia de género servicios específicos que les ayuden en ámbitos como centros educativos, los servicios deportivos y de ocio, o los servicios sanitarios, incluyendo la salud mental.

El Defensor del Pueblo apuesta por mejorar la atención que desde el Estado se presta a la violencia de género en los conflictos familiares; reforzar los servicios de atención a las familias; fortalecer los recursos a disposición de los órganos judiciales que conocen de asuntos de familia; mejorar su coordinación con los juzgados de violencia sobre la mujer, y avanzar hacia una jurisdicción especial de familia.

"Las mujeres y sus hijos e hijas son víctimas de una misma violencia, por unos motivos semejantes, incluso único. Y por una misma razón, porque sus madres son mujeres", asevera Gabilondo. EFE