El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes de la firma de un convenio entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores por el que se garantizará que las víctimas de violencia de género estén representadas de forma gratuita por un procurador en todas las fases del procedimiento judicial, aunque no sea obligatorio, con el objetivo de que estos profesionales se encarguen de toda comunicación con los órganos judiciales, evitando así trámites y desplazamientos a los juzgados que provocan una doble victimización.
En virtud del convenio suscrito por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores asumirá la distribución entre los colegios provinciales de los fondos, un total de 255.000 euros anuales, con los que se abonarán estas actuaciones a los profesionales.
Este convenio pretende agilizar la llegada de los recursos a los procuradores y dar estabilidad a la financiación de esta asistencia integral a las víctimas. Hasta este año, se abonaban a los colegios unas subvenciones excepciones para sufragar esta asistencia y ya en 2024 se convocaron ayudas por importe de 255.000 euros en régimen de concurrencia no competitiva. Así, el 4 de octubre de 2024 se publicó en el BOJA la convocatoria, con un presupuesto de 255.000 euros, y los colegios provinciales de procuradores han tenido hasta el día 31 de octubre de 2024 para solicitarlas. El año pasado, un total de 5.036 mujeres se beneficiaron de esta asistencia.
El nuevo convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores -integrado por los colegios profesionales de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla- supone que éste asuma la gestión de la subvención y la entrega y distribución de los fondos públicos a los colegios beneficiarios, agilizando la tramitación de los pagos y estabilizando esta medida con la que la Junta garantiza a las víctimas de violencia de género un procurador no solo en aquellas fases del procedimiento en las que es obligatorio, sino desde el principio.
Las víctimas de violencia de género tienen garantizado un abogado de oficio desde antes del inicio del proceso judicial y durante todas las fases del mismo. Sin embargo, cuando el procedimiento no lo inicia ella misma mediante una querella, no es preceptivo que designe un procurador hasta que se exige su constitución formal como parte acusadora, algo que en la práctica procesal no ocurre hasta la apertura de juicio oral, cuando tiene que elevar escrito de calificación provisional y, a veces, hasta el propio día del juicio.
Sin embargo, hasta ese momento, son muchos los trámites que sigue un procedimiento y contar con un procurador evita a las víctimas tener que hacerse cargo de ellos, con la revictimización que eso conlleva, para que puedan centrarse en su recuperación. Todo ello en el marco del Plan de Humanización de la Justicia que promueve una justicia de los cuidados con especial atención a las víctimas más vulnerables.
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