El Ejecutivo discrepa de los razonamientos jurídicos y de la argumentación que da el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para rechazar la querella del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez que instruye la causa contra su mujer, Juan Carlos Peinado. Además, considera que en el auto aparecen "manifestaciones inusuales e innecesarias".
Según indican fuentes del Gobierno, respetan la decisión del Tribunal, pero discrepan de sus "razonamientos jurídicos" y de su "argumentación".
De este modo responden al auto judicial en el que el TSJM rechaza por unanimidad la querella por prevaricación contra Peinado, dice que tiene un "carácter especulativo", achaca a Sánchez un "intento de tergiversar" el delito de prevaricación y le afean que se haya valido de la Abogacía del Estado para emprender acciones legales contra Peinado.
En el Gobierno se dicen sorprendidos por "algunas manifestaciones inusuales e innecesarias para la motivación jurídica del auto" y remarcan que tanto la Presidencia del Gobierno como la Abogacía del Estado solo pretenden "preservar la garantía del ejercicio de un derecho que corresponde a la institución y ver si su vulneración podría constituir un ilícito penal".
En el Gobierno, además, señalan que la querella presentada ya advertía sobre el "verdadero fin" de llamar a declarar al presidente del Gobierno, a su juicio, convertir esa declaración presencial en La Moncloa en "un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial", indican.
En la misma línea, señalan que esa sospecha "se ha revelado cierta", dado que el mismo día que el juez envió a las acusaciones particulares la declaración "esta fue filtrada a numerosos medios de comunicación".
Finalmente, señalan que esperan que lo sucedido contribuya "al necesario debate social" sobre las consecuencias de la "estrategia de la derecha ultra y la ultraderecha" basada en el "envenenamiento de la convivencia" y el "acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares".
Por último indican que su obligación como Gobierno es defender la legalidad, el Estado de Derecho y las instituciones.
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