El Gobierno de Aragón ha indicado que es al Gobierno de España a quien corresponde garantizar el ingreso en un programa de protección internacional para la inclusión social y laboral de cuatro inmigrantes, acogidos en Sabiñánigo, que recibieron una oferta de trabajo en Burgos, que resultó ser falsa, y que han retornado a Aragón, encontrándose ahora en la calle, y ha subrayado que "es una dejación de funciones".
"Según el Delegado de Gobierno, si estas personas están en fase autonomía, es al Gobierno de España y, por tanto, a él mismo a quien corresponde garantizar su ingreso en un programa de protección internacional para su inclusión social y laboral, que es competencia del Estado", han manifestado desde el Ejecutivo autonómico.
Asimismo, han denunciado, "a raíz de este lamentable suceso la opacidad y la falta de transparencia con la que actúa el Gobierno de España y la Delegación del Gobierno en estos procesos, a los que ahora se añade una irresponsabilidad y una dejación de funciones que agrava la situación que han denunciado estas cuatro personas, retornadas a Aragón tras el episodio en Burgos".
El Gobierno aragonés considera que "esta es una muestra más de la dejadez de quienes deben atender a estas personas migrantes especialmente vulnerables: el Gobierno de España no sólo no informa al Gobierno de Aragón sobre qué sucede con todas ellas una vez abandonan un recurso; tampoco están acompañando su proceso de inclusión como corresponde y lo dan por concluido sin las garantías que se necesitan".
Han añadido que "no es la primera vez que se registran problemas con el recurso sito en Sabiñánigo. Ante lo que ya se ha convertido en una sucesión de conflictos, el Gobierno de Aragón solicita a Delegación del Gobierno que acredite si están cumpliendo con su deber de vigilancia respecto a la atención que está prestando a estas personas y que expliquen cómo son esas medidas de control".
Además, la consejera de Bienestar Social y Familia insta al Delegado del Gobierno a que comparta la documentación a través de la cual fueron contratadas estas personas y las renuncias voluntarias al recurso de acogida; de igual manera, que detalle a la opinión pública cuáles son los mecanismos de control que se deberían estar aplicando para garantizar la inclusión social y laboral en condiciones de todas las personas que forman parte de estos programas financiados por el Estado.
En definitiva, "solicitamos más información, más coordinación, más lealtad institucional y más veracidad en sus declaraciones", ha finalizado diciendo el Gobierno de Aragón.
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