La Abogacía Española ha anunciado este lunes que presentará un informe ante el Parlamento Europeo para dar a conocer "el problema de los mutualistas" y "la necesidad de aportar una solución inmediata en el ámbito del reconocimiento de los derechos constitucionales".
Así lo ha comunicado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, a las distintas asociaciones de afectados y les ha explicado las diferentes fórmulas en las que está trabajando la institución, según recoge un comunicado de prensa de la corporación.
En concreto, el Consejo General tiene previsto registrar "en los próximos días" una petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Dicha solicitud irá acompañada de un informe que "es fruto de un análisis de situación que la Delegación en Bruselas del Consejo General ha preparado".
Según la Abogacía Española, en el mencionado documento se analiza la situación de los mutualistas de los diferentes países de la Unión Europea, con especial atención a los más cercanos a España. "La petición española permitirá que más adelante se puedan sumar a ella las peticiones de otras abogacías europeas", señala la corporación.
En paralelo, el Consejo General promoverá el debate sobre la situación de los mutualistas en el seno del Consejo de la Abogacía Europa (CCBE), una federación de consejos --con sede en Bruselas-- que ejerce "la interlocución del conjunto de la abogacía de la Unión Europea ante las diferentes instituciones continentales".
Con este debate, la Abogacía Española pretende "involucrar al resto de países que se están viendo afectados por situaciones similares", al tiempo que busca reclamar la solidaridad de quienes no cuentan con sistemas de mutualidades.
Asimismo, el presidente del Consejo General ha informado a las asociaciones que está promoviendo encuentros con otros consejos profesionales españoles, cuyos colegiados también estarían afectados por la situación de las mutualidades.
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La semana pasada, el Gobierno autorizó a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) a dar cobertura sanitaria a los miembros de la carrera judicial y sus familiares cercanos en 2025 y 2026.
Una semana antes, el pasado 4 de octubre, las asociaciones de jueces habían expresado su "profunda preocupación" por la falta de acuerdo entre el Gobierno y las mutuas y solicitaron al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que les informase sobre el estado de las negociaciones.
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