A Coruña, 10 oct (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que su departamento está estudiando los datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que revelan un aumento en los desahucios por impago del alquiler, hecho que ella relaciona con la “tensión” del mercado de arrendamiento.
Esta es la razón por la que ha pedido que todas las administraciones se impliquen en la atención a las personas que sufren esos lanzamientos.
Así, en su visita al Centro Integrado de Formación Profesional de Someso (A Coruña), la ministra ha señalado que su equipo está “analizando con detenimiento” los datos del CGPJ que apuntan que los desahucios por impago del alquiler crecieron un 10,7 % en el segundo trimestre del año hasta situarse en 5.874 procedimientos, lo que supone que el 74,8 % de los casos obedecieron a esta causa.
“Vamos a analizar esos datos y ver de dónde provienen” porque esta “es la circunstancia de la tensión del mercado del alquiler”, ha alertado desde ya mismo la ministra.
En todo caso, Rodríguez ha recordado que el Gobierno ha tomado “dos decisiones importantes” para actuar frente a los desahucios como han sido la moratoria del periodo de suspensión de los desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el próximo 31 de diciembre de 2024 y la prórroga hasta 2028 de la suspensión de los desahucios hipotecarios de la vivienda habitual para deudores en situación de vulnerabilidad.
La responsable de la cartera de Vivienda ha insistido en que, en cualquier caso, para atender a las personas que se encuentran en esa situación hay que ofrecer “protección” en otros ámbitos “con instrumentos en servicios sociales o atención a los menores” que vivan en esos hogares.
De este modo, Rodríguez ha apelado a otras administraciones, como las autonómicas, a que también adopten medidas para asistir “a quienes más lo necesitan” y que puedan recuperarse de esa situación de desahucio para lograr tener “una vida digna”.
La ministra también ha puesto el foco en otra de las cuestiones que revela el informe y es que los juicios por procesos de ocupación ilegal han caído un 19,1% frente al año anterior, por lo que “se constata algo que llevamos diciendo desde el Ministerio mucho tiempo” y es que “se están reduciendo las ocupaciones”.
Por tanto, ha recordado, “el problema no está en las ocupaciones y sí en atender a quienes más lo necesitan” porque hoy “el problema está en el acceso” a la vivienda, de manera que esa debe ser “la prioridad de este Gobierno y de todas las administraciones públicas”. EFE
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