Barcelona, 9 oct (EFE).- El Sindicato de Inquilinos ha denunciado que la nueva sentencia "antisocial" del Tribunal Constitucional limita la medida del alquiler social obligatorio para familias vulnerables cuando el propietario es un gran tenedor de vivienda, lo que entienden que puede aumentar el riesgo de desahucios.
El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado artículos claves de la ley aprobada en 2022 por el Parlament de Cataluña para frenar la emergencia habitacional, entre ellos los que establecen la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer demandas judiciales o de desahucio.
En concreto, el pleno del TC ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el PP, si bien ha rechazado la queja dirigida contra la totalidad de la ley por motivos competenciales.
En un comunicado, el Sindicato de Inquilinos y el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 han alertado de que se ha "vulnerado" el derecho a la vivienda.
"La reciente sentencia del Constitucional al recurso del PP dejará a miles de familias sin la posibilidad de un alquiler social y con la amenaza de desahucio", han advertido.
La sentencia va en contra de una medida impulsada por la Iniciativa legislativa popular de vivienda el 2014, aprobada por unanimidad en el Parlamento el 2015 (Ley 24/2015) y cuyo alcance fue ampliado por la Ley 1/2022.
Según entienden las dos entidades, el Tribunal Constitucional ha anulado por cuestiones competenciales el alquiler social para familias vulnerables que viven en viviendas propiedad de grandes tenedores y que se les extinga el contrato de alquiler ordinario o el de alquiler social actual, así como las que viven en situación de ocupación anterior al 1 de junio de 2021.
En estos casos el gran tenedor no estaría obligado a ofrecer un alquiler social, y la obligación sólo quedaría vigente en casos de ejecución hipotecaria y dación en pago.
El argumento del TC es que "quién tiene que regular es el Estado y no las comunidades autónomas”, pero las entidades de defensa del inquilino han advertido que con esta posición el tribunal "pone ahora en peligro el único mecanismo de urgencia que ha permitido parar miles de desahucios y proteger el derecho a la vivienda en Cataluña".
Ante el fallo del TC, las dos organizaciones ha exigido una reunión urgente con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para encontrar soluciones para proteger el derecho en la vivienda y evitar que más familias queden desamparadas.
También han instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a impulsar un cambio legal que permita aprobar el alquiler social a nivel del conjunto del Estado. EFE
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