Asociaciones acuden al Defensor del Pueblo para recurrir la derogación de leyes de memoria

(Corrige en la NA4240, en el penúltimo párrafo, el nombre del portavoz de la asociación Héroes de Cantabria)

Madrid, 18 jul (EFE).- Asociaciones memorialistas han acudido este jueves al Defensor del Pueblo para pedirle que interponga un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por las derogaciones ya aprobadas de las leyes de memoria de Aragón y la Comunidad Valenciana, y las previstas en Baleares y Cantabria.

En el caso de Aragón, el Gobierno ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que fue admitido a trámite, por la derogación de la ley autonómica de memoria por parte de PP y Vox.

Y en el caso de la Comunidad Valenciana el Gobierno ha anunciado su intención de acudir también al Tribunal Constitucional para recurrir la denominada ley de concordia aprobada recientemente por el PP y Vox en Les Corts Valencianes en sustitución de la ley de memoria democrática.

Pese a ello, representantes de más de medio centenar de asociaciones memorialistas han acudido este jueves al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional con estas leyes, al no poder hacerlo ellas directamente, y así hacer más presión.

"Celebramos que el Gobierno en este momento esté actuando, pero nosotros también tenemos derecho a acudir a los tribunales porque entendemos que nos están dañando directamente a nuestros derechos fundamentales, a personas que han sufrido muchísimo. Las están revictimizando otra vez con estas derogaciones", ha declarado a los medios la presidenta de la Asociación de Memoria de Mallorca, María Antonia Oliver, una de las firmantes del escrito.

Las asociaciones también piden al Defensor del Pueblo que recurra al Tribunal Constitucional las derogaciones de las leyes autonómicas de memoria de Baleares y de Cantabria cuando sean efectivas, ya que en estos casos no han sido aprobadas aún.

La derogación de las leyes autonómicas de memoria han sido impulsadas por PP y Vox en Aragón y Comunidad Valenciana, donde hasta hace poco ambas formaciones gobernaban en coalición, y en Baleares, donde el PP gobierna con el apoyo externo de la formación de Santiago Abascal.

Sin embargo, las asociaciones de memoria son más bien pesimistas, ya que no creen que la salida de Vox de los gobiernos autonómicos con el PP cambie la situación.

"Hemos pedido una reunión con la presidenta del Gobierno balear, la señora Prohens, y no nos ha contestado. Entendemos que en este momento no tienen excusa porque la excusa que suponía era que esto era un pacto de gobernabilidad con Vox", ha comentado la presidenta de la asociación de Mallorca, que asegura que no espera nada porque están "muy decepcionados" tras años de "desprecios" y "dilaciones".

Otro de los firmantes del escrito, el presidente de la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Democrática del País Valencià, Ángel González, reconoce que no tiene "ninguna esperanza" de que haya cambios tras la salida de Vox del gobierno autonómico.

"Recordamos perfectamente que cuando aprobamos nuestra Ley de Memoria Democrática en el año 2017, el Partido Popular votó en contra, y a lo largo de todos estos años, en reiteradas ocasiones se ha manifestado que está en contra y que si llegaban a gobernar derogarían esta ley", declara.

El caso de Cantabria es distinto, ya que allí el PP gobierna en solitario pero su programa electoral ya recogía la intención de derogar la ley de memoria.

En representación de esta comunidad autónoma, el portavoz de Héroes de Cantabria, Jorge Suárez, otra de las asociaciones firmantes del texto, avisa de que "no se puede hacer ningún tipo de memoria sana si no se identifica y se cierran esas heridas".

Todos los firmantes confían en que el Defensor del Pueblo escuche sus peticiones y recuerdan además que hay otro caso en Castilla y León, donde la proposición de ley de concordia registrada por los grupos parlamentarios de PP y Vox y que sustituirá al actual decreto de Memoria Histórica aún no ha sido debatida en el pleno de las Cortes, aunque será previsiblemente en el mes de septiembre. EFE

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