Madrid, 11 jul (EFE).- Junts y ERC han supeditado este jueves su apoyo al proyecto de ley que reformará la organización de la Justicia y regulará las demandas colectivas a que se mantenga la figura del Juzgado de Paz, que la iniciativa del Gobierno prevé suprimir.
Una línea roja que han marcado en el debate de la enmienda a la totalidad presentada por el PP a la ley 'omnibus' de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
La iniciativa del Ejecutivo ha superado su primer escollo al rechazar el Pleno del Congreso la enmienda de devolución del PP, que sólo ha apoyado Vox.
El resto de partidos ha respaldado que el proyecto siga su trámite, pero en el caso de los grupos nacionalistas catalanes, Junts y ERC, han marcado una "línea roja" y han supeditado su apoyo a que se mantenga la justicia de proximidad que recoge el Estatut.
También el diputado del BNG Néstor Rego ha anunciado que presentará enmiendas al texto para que no se recorten los servicios de justicia en las zonas rurales, ni se vacíe de competencias a los pequeños juzgados para concentrarlas en las ciudades.
Ha sido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el encargado de defender esta iniciativa con la que el Ejecutivo quiere impulsar "la mayor transformación de la justicia en décadas". "Queremos una justicia que sea ágil, que sea digital, que funcione y que sea útil para los ciudadanos".
Se trata -ha defendido Bolaños- de reformar la administración de Justicia para pasar de una estructura del siglo XIX a estructura del siglo XXI.
La ley contempla una reforma organizativa de la Justicia que implica la creación de los tribunales de instancia para sustituir a los juzgados unipersonales. Al mismo tiempo, se crearán oficinas de Justicia en los municipios, que reemplazarán a los actuales Juzgados de Paz que existen en todas las localidades de España.
También se crea un nuevo modelo de oficina judicial que estará adscrito a cada tribunal de instancia, que permitirá ahorrar costes y facilitar la labor de los funcionarios.
Otro eje de esta norma supone una "apuesta decidida" por los medios de solución alternativos al conflicto, como la mediación o el arbitraje. El objetivo es descongestionar los tribunales y juzgados e intentar que se solucionen más pleitos en la vía no jurisdiccional.
La norma también avanza en la protección y defensa de los consumidores y usuarios y establece un procedimiento único para abordar las demandas colectivas.
Bolaños ha tendido la mano al PP para "encontrar puntos de equilibrio". Ha recordado que esta ley decayó al finalizar la pasada legislatura, y ha dicho que la voluntad del Gobierno es incorporar todas las enmiendas que ya se pactaron en su día.
La diputada del PP María Jesús Moro ha defendido la enmienda a la totalidad de un proyecto que, a juicio del principal partido de la oposición, rompe con el actual sistema de defensa de los consumidores, que es ejemplo en Europa.
Para Moro, se trata de una norma de dudosa constitucionalidad "con grave riesgo y consecuencias para el tejido económico del país" y por la que los fondos de inversión ganarán "mucho dinero a costa de destruir" el actual sistema para incorporar un modelo como el estadounidense.
Y se ha dirigido al resto de los grupos para decirles que "si aceptan este proyecto, no podrán mirar a los ojos a los consumidores, especialmente a los más vulnerables".
La diputada, que ha calificado el texto como un "puzzle de proyectos heterogéneos" y ha aprovechado para tildar a Bolaños de "principal activista de acoso a los jueces", ha reconocido no obstante que la Justicia necesita una transformación, si bien se ha mostrado en contra de la desaparición de los Juzgados de Paz.
Desde Junts, Josep Maria Cervera ha considerado el texto como un auténtico "cajón de sastre" y ha dejado claro que su formación no quiere una estructura del siglo XIX ni del XXI, sino "la nuestra, la que se merece la actual Cataluña", con la justicia de proximidad que recoge el artículo 108 del Estatut. "Esto condicionará nuestros siete votos", ha aseverado.
Pilar Vallugera, de ERC, ha sido tajante: "no aceptaremos ningún texto que haga desaparecer los Juzgados de Paz".
Respecto a la regulación de las demandas colectivas de los consumidores, Vallugera ha recordado al Gobierno que la Generalitat tiene la competencia exclusiva en esta materia. EFE
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