Madrid, 4 jun (EFECOM).- Fedea y el Consejo General de Economistas de España (CGE) abogan por implantar el pago por uso en las vías de alta capacidad (autopistas y autovías) y reclaman un acuerdo institucional entre los partidos políticos en materia de financiación de infraestructuras.
En este sentido, consideran que la política de infraestructuras en España es francamente mejorable, en parte por un inadecuado diseño de la administración que la gestiona y por carecer de un sistema de planificación integrado con una visión global, han apuntado en una jornada celebrada este martes.
De esta forma, creen que España ha invertido enormes cantidades de recursos en la construcción de infraestructuras punteras que a menudo resultan redundantes o excesivas en relación con las necesidades existentes, al tiempo que se ha descuidado el mantenimiento de redes esenciales de transporte y de distribución o depuración de agua.
Por ello, ven necesario evitar la sobreinversión en determinados mercados y la no adecuación de las infraestructuras a la demanda.
Asimismo, creen que se deberían establecer unas reglas claras de funcionamiento y reparto de riesgos y responsabilidades en la colaboración público-privada ya que entienden que los cambios recientes en el marco regulatorio han provocado un desplome de las concesiones y un mayor riesgo a invertir en infraestructuras.
En materia de financiación de infraestructuras apuestan por desplazar parte mayor de los costes del sistema de transporte hacia sus usuarios mediante cargos o peajes en vías de alta capacidad.
A este respecto, apuntan que la supresión del peaje en las autopistas ha generado un incremento del tráfico alrededor del 30 %.
No obstante, el diseño del sistema de precios debería tener en cuenta los impuestos que ya pagan los usuarios, por ejemplo, con el impuesto sobre los combustibles, así como el menor coste en términos de accidentes que los vehículos ocasionan en las autopistas o autovías con respecto a las carreteras convencionales.
España es el segundo país del mundo con la red más extensa de vías para trenes alta velocidad, el tercero con más autopistas y autovías y, además, disponemos de 48 aeropuertos.
Ello ayudaría al mantenimiento de las infraestructuras, cuyo deterioro es cada vez más costoso, y tras los fondos europeos podría agravarse.
En cuanto al transporte colectivo interurbano por carretera, los expertos creen que sería conveniente abandonar el actual modelo concesional y liberalizarlo como en Reino Unido, Francia, Alemania o Italia. Esta competencia en el mercado redunda en menores precios y un servicio más adaptado a la demanda.
No obstante, aquellas líneas que se consideren socialmente rentables, aunque no lo sean en términos financieros, deberían mantenerse como Obligaciones de Servicio Público financiadas directamente con subvenciones públicas.
Por otro lado, Fedea y CGE no ven conveniente el transporte público gratuito en la medida que generaría un número excesivo de viajes y no lograría reducir de manera significativa el uso del coche.
También critican el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, ya que proponen medidas para fomentar la movilidad sostenible en entornos urbanos sin tener en cuenta su tamaño o su problemática; no avanza en la introducción de mecanismos de evaluación independientes o en el diseño de las asociaciones público-privadas. EFECOM
csb/jlm
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