Madrid, 30 may (EFE).- Los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del 'procés' han informado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la orden de detención contra el expresident catalán Carles Puigdemont no puede ser retirada por la amnistía y que no ven viable aplicar la norma al delito de malversación.
García Ortiz se ha reunido esta mañana con los fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el 'procés' así como con el fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional para fijar posiciones y evitar criterios dispares en la aplicación de la amnistía. Mañana, viernes, continuará con la cúpula fiscal de Cataluña.
Fuentes jurídicas informan a EFE de la posición que este jueves han trasladado a García Ortiz los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, críticos con la norma, que este mismo jueves ha sido aprobada definitivamente por el Congreso.
Los fiscales le han explicado que las medidas cautelares y ordenes de detención, que afectan, entre otros, a Puigdemont, no pueden ser levantadas, pese a que la ley contempla que deben de ser alzadas de inmediato en cuanto entre en vigor en el BOE.
Además de Puigdemont, el juez del Supremo, Pablo Llarena, mantiene vigentes las órdenes nacionales de detención contra los exconsellers Toní Comín y Lluis Puig.
La supuesta llegada de Puigdemont en próximas fechas está condicionada precisamente a que Llarena levante esa orden de detención, de la que tienen que informar estos fiscales.
En el encuentro, los fiscales del 'procés' también han trasladado al fiscal general que no se puede amnistiar el delito de malversación porque está excluido, lo que afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito, que son el exvicepresident catalán Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Y también concierne a tres de los fugados que son Puigdemont, Comín y Puig, procesados por malversación y desobediencia.
De esta forma, los fiscales entienden que la amnistía solo se puede aplicar a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos.
Los fiscales han formalizado su posición no solo verbalmente sino mediante la entrega de un escrito al fiscal general en el que, además, razonan la procedencia de solicitar una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE y otra de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Fuentes fiscales informan de que García Ortiz se ha limitado a tomar nota y se ha comprometido a estudiar la posición y argumentos de los fiscales del 'procés', que será la que plasmen en sus escritos una vez que informen al Tribunal Supremo cuando corresponda. EFE
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