Los acusados de Campus de la Justicia de Madrid contrataron a dedo con gastos desorbitados

Madrid, 16 abr (EFE).- Uno de los policías que investigaron la fallida Ciudad de la Justicia de Madrid ha declarado en el juicio que los acusados, entre ellos el que era vicepresidente segundo y consejero de Justicia de la Comunidad madrileña Alfredo Prada, cometieron irregularidades como contrataciones "a dedo" con "gastos desorbitados".

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio a Prada y otros cinco acusados por supuestas irregularidades en contratos suscritos entre 2005 y 2008 por Campus de la Justicia S.A., la empresa pública creada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad madrileña de 23 de diciembre de 2004 para ejecutar el proyecto impulsado por el gobierno autonómico del PP de Esperanza Aguirre.

En la sesión de este martes ha comparecido uno de los responsables de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El agente ha ratificado que los contratos investigados no siguieron el procedimiento legal de contratación en la Administración pública y que Alfredo Prada era quien autorizaba los gastos.

Ha puesto como ejemplo de irregularidad la contratación "a dedo" del arquitecto Norman Foster para la redacción del proyecto de los edificios del Tribunal Superior y la Audiencia Provincial dentro de la Ciudad de la Justicia por más de 13 millones de euros.

Al respecto el responsable policial ha advertido de la inexistencia de informe justificativo alguno de tal contratación directa.

Según el policía en otras ocasiones simulaban la concurrencia de al menos tres licitadoras exigida por la normativa cuando en realidad los presupuestos que figuran en el expediente son de la empresa previamente elegida y de dos sociedades vinculadas a ella incluso del mismo grupo, o recurrían a fraccionar la facturación de servicios para eludir este requisito legal.

Ha hecho referencia a que "se dispararon los gastos" de Campus de la Justicia por contratos para actividades como publicidad, museos, exposiciones y patrocinios que no estaban amparadas ni por el objeto social de la empresa pública ni por su plan de viabilidad y hubo alguno del que ni se informó al consejo de administración de la sociedad.

Sobre los "gastos desorbitados" ha puesto como ejemplo que solo en los de publicidad fueron de 5,6 millones de euros.

El agente ha indicado que el plan de viabilidad de Campus de la Justicia "no se siguió en ningún momento" ya que preveía que los catorce edificios del proyecto supondrían un coste de 339 millones de euros pero solo con los dos encargados a Foster ya se pensaban gastar 250 millones.

Ha añadido que según dicho plan los costes en personal, infraestructura, oficinas, ordenadores y material de la sociedad serían de tres millones en cinco años pero la sociedad empezó a subcontratar servicios y asesores incluso para la gestión de nóminas y ese importe se fue a más de diez millones.

Y ha recordado que antes de que se paralizara el proyecto -del que solo se construyeron el edificio para el Instituto de Medicina Legal y accesos subterráneos- se llegó a contemplar que los costes de la Ciudad de la Justicia podrían llegar a los mil millones de euros, con lo que "se estaba duplicando el gasto".

El fiscal pide ocho años de prisión para Prada y seis para los otros cinco acusados, que ocupaban diversos cargos en Campus de la Justicia S.A., por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación, les reclama 40,4 millones de euros por los contratos adjudicados presuntamente de forma ilegal. EFE

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