La financiación pública de las ONGD vuelve a los niveles de 2010, con las CCAA y ayuntamientos por delante del Gobierno

Los fondos públicos que reciben las ONGD españolas han recuperado su nivel más alto desde 2010, con las contribuciones que realizan las comunidades autónomas y los entes locales por delante de las que realiza el Gobierno, mientras que la financiación privada representa el 45% del total, según el último informe elaborado por la Coordinadora, con datos de 72 organizaciones del sector de 2021 y 2022. En 2010 la financiación pública de las ONG que trabajan en desarrollo alcanzó su máximo de 477 millones, tras lo cual se había visto reducida, si bien a partir de 2018 se había constatado una recuperación. Así, en 2021 las ONGD recibieron 803,09 millones de euros, de los cuales 438,5 millones (54,61%) eran fondos públicos y 364,5 millones (45,39%) provenían del sector privado. Este dato mejoró en 2022, según el 'Informe del Sector de las ONG de Desarrollo 2023' presentado este miércoles, ya que se alcanzaron los 930,49 millones, de los que casi 513 millones fueron fondos públicos (55,12%) y 417,5 millones aportaciones privadas (44,88%). Dentro de los fondos públicos, se sitúan en primer lugar los procedentes de organismos internacionales, que suponen el 33%; seguidos por los europeos (26,9%); fondos autonómicos y locales (23,3%) y en último lugar, los aportados por el Gobierno (16,5%). Esto se traduce en 120 millones en 2022 de la llamada cooperación descentralizada y 85 millones por parte del Gobierno central. Desde la Coordinadora, defienden que en un "contexto internacional con múltiples y complejas crisis" como el actual y ante el recrudecimiento de la crisis climática, es necesario un "mayor compromiso con la política pública de cooperación y más apoyo a las entidades que trabajan con 47 millones de personas en todo el mundo". PIDEN MÁS LIDERAZGO AL GOBIERNO Por ello, sostienen que "el Gobierno debe demostrar mayor liderazgo" en este ámbito y reividican la necesidad de cumplir con lo previsto por la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y "avanzar con paso firme" hacia el objetivo de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) para 2030 a ayuda al desarrollo. Esto pasa también por adoptar un nuevo Real Decreto de Subvenciones de Cooperación con el fin de reducir la burocracia y facilitar la implementación de los proyectos; por realizar una reforma ambiciosa de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), órgano clave para llevar a la práctica la ley; y por aprobar y poner en marcha lo antes posible el nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes. Por otra parte, el informe también pone de relieve la importancia de los fondos de origen privado, lo que engloba las cuotas periódicas de particulares, las donaciones puntuales y las entidades privadas. Así, en 2022 las cuotas periódicas supusieron 182 millones de euros, mientras que las donaciones puntuales ascendieron a 123 millones y las de entidades privadas fueron de 66,7 millones. RADIOGRAFÍA DE LAS ONGD La Coordinadora la integran 72 ONG de desarrollo y 17 coordinadoras autonómicas, aglutinando a un total de 617 organizaciones que emplean a 8.111 personas. La gran mayoría, 4.838, son personas originarias de los países en los que se trabaja, lo que representa el 59,65% de las contrataciones, lo que "demuestra el compromiso en la contratación de equipos locales para garantizar que los procesos respondan a las necesidades de la población". En las sedes en España, el 70% de la plantilla la componen mujeres, si bien las juntas de gobierno están ocupadas en un 52% por hombres y un 48% por mujeres. "Aunque la presencia de mujeres en estos puestos ha mejorado un poco en los últimos años, aún es insuficiente", reconoce en este sentido el informe, que reivindica que "hablar de paridad en un sector en el que el 70% son mujeres debería significar que los altos cargos están ocupados en esa misma proporción por mujeres". "Queda, por tanto, un camino por recorrer en este sentido", admiten las ONGD. Las organizaciones de la Coordinadora trabajan en 100 países y atienden a 47 millones de personas, de las que el 58,4% son mujeres. En concreto, realizan más de 4.100 proyectos centrados en cooperación para el desarrollo, acción humanitaria y educación para la ciudadanía global.